La prisión debe considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, que inicia con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su aseguramiento, el juicio y la sentencia judicial.
En esta encontramos la función de reinserción social la cual es obligatoria en el sistema penal, para que el condenado se readapte a vivir en comunidad, abandone la conducta delictiva y se convierta en agente útil de la sociedad, obteniendo como resultado el reducir los comportamientos criminales en la misma.
En Colombia, las cárceles enfrentan una situación crítica en materia de hacinamiento y sobrepoblación, llegando a un 153% de su capacidad. Adicionalmente cerca del 35% de sus reclusos se encuentran en prisión preventiva y no han sido presentados a juicio, lo que provoca saturación en los servicios que se deben brindar a los reclusos, dificultando la reintegración del condenado a la sociedad.
Nuestras cárceles no cuentan con los servicios adecuados en aspectos de tratamiento psicológico, alejando el objetivo de la reinserción social de la meta del sistema penitenciario y carcelario interno, sin duda un alto porcentaje de las personas condenadas que recuperan la libertad, seguirán delinquiendo.
Es un asunto de todos y no debe ocupar tan solo un lugar tangencial en el debate público
Es necesario para dinamizar la reinserción social de los condenados en Colombia, incluir terapias psicológicas en su tratamiento, no solo para garantizar un trato más humano en el sistema penitenciario, sino para plantear programas orientados hacia la disminución de la conducta típica penal y al aumento de conductas deseadas o pro-sociales, buscando eliminar la reincidencia y la peligrosidad.
Disminuyendo los costos asociados al crimen, la experiencia nos indica que “prevenir es mejor que curar”, así reducimos el sufrimiento ocasionado por las pérdidas personales y materiales.
El primer paso para ser exitosos en la resocialización de los condenados, es que cada colombiano abandone el trato indiferente a las personas privadas de la libertad, se cree en el imaginario que las vicisitudes acontecidas en el presidio, es una justa retribución por los daños causados a la sociedad. Mientras esto no cambie, ayudará a que la crisis estructural de las prisiones continúe, debemos proponer un modelo de sistema penal que no se reduzca al castigo, sino que tenga como fin evitar la probabilidad que la población penal vuelva a delinquir.
No obstante, en una sociedad que se precie de respetar unos mínimos estándares de dignidad para todos los seres humanos, que un individuo sea considerado delincuente no justifica, bajo ningún punto de vista, que sea despojado de su humanidad. Este es un asunto de todos y no debe ocupar tan solo un lugar tangencial en el debate público.
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