En cada ciclo electoral, las sociedades enfrentan un dilema que no siempre saben nombrar. En la Colombia de hoy, ese dilema tiene rostro, discurso y una narrativa cuidadosamente construida para parecer renovación cuando en realidad es continuidad. “El Gran Satán” de esta coyuntura no es externo ni abstracto: es el candidato puntero de la izquierda, heredero político de un gobierno que deterioró la seguridad, fracturó la confianza institucional y debilitó al Estado desde adentro.
No se trata de estigmatizar una corriente ideológica en abstracto, sino de evaluar resultados, decisiones y consecuencias. Este gobierno prometió paz y dejó expansión criminal; prometió ética y normalizó la corrupción; prometió soberanía y terminó aislando a Colombia de sus aliados estratégicos. El candidato que hoy se presenta como relevo no propone una corrección de rumbo, sino la prolongación disciplinada del mismo proyecto que condujo a este escenario.
El balance es inocultable. La corrupción dejó de ser una anomalía para convertirse en ruido de fondo: escándalos reiterados, opacidad en el manejo de recursos, debilitamiento de los controles y una peligrosa tolerancia política frente a prácticas que erosionan la legitimidad del poder. Cuando la ética se relativiza desde la cúspide, el mensaje que baja al sistema es claro: todo es negociable, incluso la ley.
A esto se suma una crisis profunda de cooperación internacional. Colombia pasó de ser un socio confiable en seguridad, lucha contra el crimen transnacional e inteligencia regional, a un actor ambiguo, errático y desconectado de sus aliados históricos. La desconfianza externa no es ideológica; es funcional. Los países cooperan con Estados previsibles, no con gobiernos que desmontan capacidades mientras envían señales contradictorias frente al delito organizado.
Quizás el daño más silencioso —y por eso más grave— ha sido el desmantelamiento progresivo de la inteligencia de Estado. Se debilitó la anticipación, se politizó la información estratégica y se confundió control democrático con desarticulación operativa. Un Estado sin inteligencia sólida no gobierna: reacciona tarde, improvisa y deja a los ciudadanos expuestos. Ese vacío no lo ocupa la paz; lo ocupa el crimen.
No es momento de herencias ni de continuismos disfrazados de renovación. Es el momento de una decisión colectiva clara: dejar atrás un modelo fracasado y apostar por un proyecto que vuelva a poner al Estado del lado de los ciudadanos. Porque en esta elección, más que alternar el poder, Colombia debe rectificar su destino.
En este contexto, insistir en que el candidato de izquierda preferido por el Gobierno representa un “nuevo comienzo” es una ficción peligrosa. No hay ruptura doctrinaria, ni autocrítica seria, ni propuesta creíble de corrección. Hay lealtad al mismo libreto: relativizar la violencia, justificar el desorden y administrar el deterioro con retórica moralizante. Elegirlo significaría premiar los errores del presente y condenar al país a repetir un rumbo que ya mostró sus límites y sus costos.
La verdadera disyuntiva de esta elección no es izquierda versus derecha. Es Estado versus claudicación, legalidad versus ambigüedad, corrección versus continuidad. Elegir al “Gran Satán” en este momento electoral es creer que un modelo agotado producirá resultados distintos solo porque cambia el vocero.
Advertirlo no es radicalismo; es responsabilidad histórica. Los proyectos que debilitan la seguridad, corroen la ética pública, rompen alianzas estratégicas y desmontan la inteligencia estatal no se corrigen desde dentro: se agravan cuando se prolongan. El silencio, en este escenario, no es prudencia; es una forma de complicidad.
Las urnas no solo eligen personas. Deciden rumbos, y hoy, con claridad incómoda pero necesaria, Colombia debe entender que “El Gran Satán” está ahí, e incrustado en el imaginario de muchos que buscan elegir al heredero de un proyecto que ya demostró su costo en seguridad, corrupción, aislamiento y pérdida de capacidad estatal, y ese costo, como siempre, lo pagamos todos.
El país necesita corregir el rumbo con responsabilidad y visión de Estado. La “Gran Consulta por Colombia” representa hoy un espacio decisivo para articular ese cambio, ordenar liderazgos y construir una fórmula presidencial sólida, con capacidad técnica y carácter democrático, que recupere la seguridad, la autoridad legítima y la confianza perdida. No es momento de herencias ni de continuismos disfrazados de renovación. Es el momento de una decisión colectiva clara: dejar atrás un modelo fracasado y apostar por un proyecto que vuelva a poner al Estado del lado de los ciudadanos. Porque en esta elección, más que alternar el poder, Colombia debe rectificar su destino.
