Esta semana termina el gobierno de Gustavo Petro. Quedarán balances, cifras, reformas inconclusas, escándalos y territorios donde el Estado perdió presencia e iniciativa. Pero su sello político más característico quizá no aparezca en los informes de cierre. Petro no intentó gobernar solamente el país: quiso gobernar nuestras ideas.
Axel Kaiser, escritor chileno-alemán, explica en su libro “Parásitos mentales” cómo ciertas ideas progresistas se instalan en la sociedad revestidas de superioridad moral. No necesitan demostrar resultados porque se presentan como causas nobles; quien las cuestiona queda señalado como insensible, privilegiado o enemigo del progreso. Esa lógica permite comprender buena parte del proyecto petrista: primero se alteran y se apropian las palabras; después, se captura a las instituciones. Siete de esas ideas, presentadas como verdades morales, son los parásitos mentales que el petrismo deja como herencia.
El primer parásito fue la justicia social. ¿Quién se opondría a ese ideal? Nadie. Por eso es una herramienta poderosa, y el Gobierno la convirtió en salvoconducto para presentar impuestos, subsidios y reformas como imperativos morales. La discusión dejó de centrarse en si una política funcionaba y comenzó a juzgar si quien la criticaba era suficientemente solidario.
El segundo: los derechos sociales. Salud, educación, vivienda y trabajo digno se proclamaron como derechos desligados de una conversación seria sobre productividad, financiación y capacidad estatal. La exaltación de un derecho no origina al instante médicos, empleos, escuelas ni recursos. Cuando la promesa supera las capacidades, el derecho termina convertido en frustración.
El tercer fue el antineoliberalismo. “Neoliberal” sirvió para nombrar casi cualquier adversario: el mercado, la empresa, el ahorro privado, la inversión o las reformas que no encajaban en el libreto oficial. Así se fabricó un enemigo abstracto al cual atribuirle todos los males, mientras el Gobierno evitaba responder por los propios.
Petro deja instituciones debilitadas, palabras infectadas y una sociedad que juzga más las intenciones que los resultados
El cuarto fue el Estado benefactor. Cada necesidad debía suplirse con un subsidio, una entidad y un funcionario. El problema no es proteger a los vulnerables, sino utilizar ese apoyo como adhesión política y debilitar la autonomía y capacidad de decisión de la ciudadanía. Un poder que promete resolverlo todo necesita personas convencidas de que nada pueden resolver sin él.
El quinto fue la instrumentalización ideológica de la responsabilidad social empresarial. El empresario debía justificar moralmente sus ganancias, mientras la burocracia omitía explicar sus pérdidas y su corrupción. Se quiso repartir prosperidad sin producirla y sin reconocer ni trabajar en conjunto con quienes invierten, generan empleo y pagan los impuestos que sostienen al propio Estado.
El sexto: diversidad, equidad e inclusión convertidas en instrumentos de fragmentación. Reconocer discriminaciones es una obligación democrática; organizar el país como un inventario de identidades enfrentadas es otra cuestión. Cuando cada diferencia se vuelve agravio y cada agravio reclama una cuota de poder, la sociedad deja de reconocerse como comunidad.
El séptimo fue la idealización de lo indígena y lo afro. Defender sus derechos no exige atribuirles pureza moral ni convertir toda cosmovisión ancestral en verdad incuestionable. Idealizar también es deshumanizar: reemplaza a personas reales, diversas y responsables de su propio desarrollo por símbolos políticamente útiles.
Estos parásitos, alimentados de heridas reales como la desigualdad y la exclusión, convirtieron el malestar en división. Petro deja instituciones debilitadas, palabras infectadas y una sociedad que juzga más las intenciones que los resultados. Aunque abandone la Casa de Nariño, esa lógica podrá persistir; el próximo gobierno deberá recuperar capacidades y liberar a Colombia de esa herencia ideológica.
