Dos mil policías para nueve ciudades, nuevas Áreas Prioritarias de Recuperación y Estabilización Territorial, bloques urbanos, teatros regionales, inteligencia, drones y cooperación internacional. Es un comienzo necesario después de cuatro años en los que el Estado perdió capacidad mientras las organizaciones criminales ganaban hombres, dinero, tecnología y territorio. El mapa ofrece una dirección; el siguiente paso será convertirla en presencia institucional, control territorial y seguridad cotidiana para las comunidades.
Los análisis de la Fundación Ideas para la Paz permiten dimensionar el deterioro que recibe el nuevo Gobierno: la Fuerza Pública pasó de cerca de 460.000 integrantes en 2021 a poco más de 400.000 en 2025; además, el país llegó a catorce zonas de disputa que concentran alrededor del 80% de las afectaciones humanitarias. Este diagnóstico constituye una fuente técnica valiosa para definir prioridades, establecer líneas de base y evaluar los primeros resultados.
En el campo, el mango bajito no es necesariamente el más pequeño ni el menos valioso; es el que puede recogerse primero sin perder de vista el árbol. En seguridad ocurre algo parecido. Un “mango bajito” (victoria temprana) no es un problema fácil, sino una intervención madura: focalizada, ejecutable con las capacidades disponibles, medible en poco tiempo y capaz de devolver confianza mientras se preparan transformaciones mayores.
El primero es recuperar los ojos y los oídos del Estado. Centros de fusión de inteligencia en las zonas priorizadas, blancos compartidos y contrainteligencia frente a filtraciones e infiltraciones pueden devolver la iniciativa operacional. El segundo es recuperar la movilidad: junto con las adquisiciones necesarias, conviene poner a volar aeronaves, reparar vehículos y restablecer comunicaciones actualmente fuera de servicio.
El propósito del Gobierno de recuperar la autoridad merece respaldo. Para fortalecerlo y hacerlo sostenible, sus primeras decisiones deberán traducirse en efectos verificables
El tercero es construir un escudo antidrones donde más se necesita. Aunque no sea posible blindar simultáneamente todo el país, sí se pueden proteger primero las bases, los corredores y las unidades más atacadas. El cuarto es cortar el mando criminal desde las cárceles: bloquear comunicaciones ilícitas, seguir el dinero y aislar a quienes ordenan extorsiones desde una celda. La presencia policial en las calles tendrá mayor efecto si se interrumpe también la dirección del delito desde los centros penitenciarios.
El quinto es golpear las finanzas y sus redes de protección. Fiscalía, UIAF, DIAN, Fuerza Pública y autoridades locales pueden concentrarse en activos, empresas fachada, contratistas y funcionarios corruptos. El sexto es proteger primero a la población: reducir confinamientos, desplazamientos, reclutamiento y tiempos de respuesta frente a las alertas tempranas. Allí comenzará a comprobarse que los territorios están regresando al Estado.
El propósito del Gobierno de recuperar la autoridad merece respaldo. Para fortalecerlo y hacerlo sostenible, sus primeras decisiones deberán traducirse en efectos verificables. Capturas, incautaciones, operativos y consejos de seguridad muestran actividad; menos extorsión, menos homicidios, mayor movilidad ciudadana, escuelas abiertas y comunidades que recuperan la confianza demuestran impacto.
Colombia no espera que en cien días se coseche todo el árbol. Confía en que la voluntad política del nuevo Gobierno permita escoger bien los primeros frutos y demostrar, al recogerlos, que el Estado recuperó el pulso, el método y la dirección.
