Varias formas de delitos tradicionales en los últimos años han mostrado estadísticamente reducciones sostenidas en los países en desarrollo, pero de la misma forma existen otros crímenes que han surgido en esta nueva era de la tecnología de la información y las comunicaciones; los cuales registran un aumento significativo como el tráfico de drogas, armas de fuego y la trata de personas, el lavado de activos, la corrupción, el cibercrimen, los delitos asociados con la identidad y el terrorismo.
Se necesita especial atención en el fenómeno que nos presenta los avances tecnológicos, los cuales nos han llenado de incontables beneficios, pero poseen un lado oculto y pueden volverse en nuestra contra. Los hackers son capaces de activar las cámaras de vigilancia y webcams de cualquier hogar, los ladrones y acosadores analizan las redes sociales para conocer los hábitos de sus víctimas para seguirlas hasta el lugar en donde interactúan socialmente. Hoy sin las medidas mínimas pueden robarnos la identidad, apoderarse de la información de nuestras cuentas bancarias y copiar el contenido de los servidores informáticos.
Estos criminales no tienen impedimentos éticos ni jurídicos, al contrario de los gobiernos que tienen la obligación de observar el Estado Social de Derecho. Las estructuras delincuenciales, han especializado su modus operandi y se están convirtiendo en organizaciones transnacionales. No podemos permitir que los delincuentes se adapten a los cambios del entorno mundial con mayor rapidez que los gobiernos, por tal motivo nuestros estados se están haciendo más fuertes, para evitar que los delincuentes obtengan mayores recursos.
En la actualidad la gran mayoría de países comprende que es fundamental potenciar como política de Estado la cooperación internacional en los asuntos penales, realizar mejoras radicales en la celeridad, facilidad y frecuencia de la ayuda transfronteriza. El procedimiento de extradición, el intercambio de información, la extinción de dominio y otras formas de apoyo deben incrementarse, y con una mayor rapidez.
No es práctico combatir el delito con tan solo medidas disuasorias o judiciales, se requiere políticas públicas fuertes de carácter social, sumado a una mayor acción a través de unidades especializadas, soportadas en sólidos servicios de inteligencia e investigación criminal y un componente fundamental en las tareas básicas de seguridad y convivencia ciudadana. La prevención efectiva del delito es sustancial para permitir un desarrollo sostenible, la reducción de la criminalidad y la seguridad sin lugar a duda mejora las condiciones para la economía local, y permite el direccionar los recursos hacia un crecimiento social y complementa la lucha contra la delincuencia.
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