Colombia encara en la actualidad un sinnúmero de retos frente a los parámetros de la seguridad ciudadana y la convivencia necesarios para poseer contextos satisfactorios de armonía social. Ambiente en donde confluyen diferentes formas de violencia y variados fenómenos de criminalidad, intolerancia social, ausencia de solidaridad, alta presencia de armas de fuego, tráfico y abuso de sustancias estupefacientes, agresiones contra poblaciones vulnerables, entre otras acciones generadoras de delito y temor en la sociedad.
Los actuales índices de violencia y criminalidad en Colombia han posicionado a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de los residentes del país hacia las autoridades del orden nacional y regional. Sin embargo, los nuevos planteamientos acerca de la seguridad ciudadana dejan de ubicar tan solo al Estado como el centro de las políticas públicas relacionadas con la seguridad, dándole un enfoque de protagonista al ciudadano y a la sociedad en general.
Lo anterior, sumado a la urgencia de considerar la multicausalidad del crimen y la violencia que se manifiestan de forma diferente, al tener en cuenta características socioculturales, demográficas, económicas y además de las relacionadas con el entorno. En este sentido, los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana requiere atender las necesidades y demandas específicas de la sociedad, y las responsabilidades que se le va a dar a esta.
El desafío para avanzar en el mejoramiento de la seguridad ciudadana demanda la evolución constante de la mentalidad de los actores que intervienen en los asuntos relacionados en esta materia. Una primera acción para establecer un modelo marco de convivencia es diseñar una pedagogía general para contrarrestar el pensamiento pasivo y la toma de decisiones ajenas a los principios de la coexistencia segura y pacífica.
…es menester plantear procesos de gestión por resultados de impacto y un diseño de iniciativas públicas con estándares mínimos, que incluyan parámetros de acción comunitaria para la prevención del delito; sistemas judiciales accesibles, ágiles y efectivos…
Adicionalmente, es fundamental efectuar una planeación con una renovada visión y el desarrollo de un compromiso multiactor para que se genere un “acuerdo nacional por la seguridad”, en el cual, de la mano de los gobiernos locales y regionales, la sociedad civil, la academia, la empresa privada, se concreten procesos dinámicos que produzcan seguridad ciudadana en un ambiente de DDHH, cultura de paz y legitimidad.
Así mismo, es menester plantear procesos de gestión por resultados de impacto y un diseño de iniciativas públicas con estándares mínimos, que incluyan parámetros de acción comunitaria para la prevención del delito; sistemas judiciales accesibles, ágiles y efectivos; y, una educación basada en valores, respeto por el Estado Social de Derecho y exaltación por la vida. De este modo, se obtendrá un mejoramiento en los indicadores de la convivencia ciudadana que no se relacionen exclusivamente con la evaluación en la reducción de las cifras del crimen.
Este planteamiento se constituye con una serie de implicaciones sustanciales, ya que al tener como centro la noción de amenaza y el fenómeno, la labor de los gobiernos locales de la mano de la sociedad, fortalece la gestión integral de la seguridad ciudadana en el contexto específico de cada territorio, para disminuir las brechas de la seguridad, en apoyo a los procesos de aprendizaje e intercambio interinstitucional; y así difundir un renovado conocimiento para construir ciudades más seguras.
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