La doctrina de la espada

La noche del jueves 17 de enero de 1974, un grupo de cuatro insurgentes del M-19 hurtaron la espada y otros elementos del uniforme de nuestro Libertador Simón Bolívar, los cuales se encontraban exhibidos en una urna de cristal en el Museo Quinta de Bolívar, casa colonial ubicada al pie de los cerros bogotanos.

Con ese acto mediático a nivel mundial, se dio a conocer el M-19, una guerrilla urbana a la que perteneció por muchos años el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este grupo subversivo se desmovilizó el 8 de marzo de 1990 cuando los resultados de su lucha mostraron que las armas no eran el camino correcto.

Hoy sus exmiembros, muchos en cargos públicos, totalmente válido, quienes tras reincorporarse a la vida civil gracias a un proceso de paz que posee una serie de observaciones de frente a la reparación que debió haberse planteado, pretenden dar lecciones de moral y pacifismo a toda Colombia, al hacer apología del robo de la espada de Bolívar. 

 En el imaginario del gobierno nacional la acción del robo de la espada consistió en una “recuperación”, concepto que intenta disimular el significado de dicho evento puesto que, la espada se localizaba en un museo, espacio que salvaguarda los tesoros de todos los colombianos; no se encontraba este símbolo en la casa privada de algún mandatario. Aun así, se programaron durante el pasado mes de enero una serie de actividades para conmemorar los 50 años de este hecho transgresivo de la ley. 

Para tal motivo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo Nacional de Colombia (MNC) invitaron a la sociedad en general a participar activamente en exposiciones y charlas en torno a los hechos acontecidos en ese enero de 1974.

La sala 11 del MNC, fue el escenario de la exposición a la cual denominaron “Epílogo para un diálogo abierto de paz”, que en su sentido real va más allá de celebrar la reivindicación de la paz, deseaban rememorar el fatídico hecho del hurto del acero del Libertador como un acto contestatario y fundacional de aquella guerrilla urbana.

la acción del hurto de la espada de Bolívar sí marcó la historia reciente de Colombia, y es necesario dentro de los procesos de resiliencia que vive el país resignificar estas acciones para propiciar espacios de reflexión en la construcción de una cultura de paz y educación en Colombia…

Esta ideología trae a la mente las letras de George Orwell quien en el libro 1984 escribía: “esta era la más refinada sutileza del sistema: inducir conscientemente a la inconsciencia, y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doblepensar implicaba el uso del doblepensar”, un texto escrito hace 77 años que aplica a la Colombia actual, describiendo nuestra realidad no como una profecía sino como una sátira de nuestra historia reciente.

Esta inquietante novela habla de una sociedad en la que se adultera la historia de acuerdo a la conveniencia del partido gobernante, narrada en un mundo agobiado por la hambruna, en un país golpeado por el conflicto y la violencia; y con su desconcertante comienzo, (“Era un luminoso y frío día de abril, y el reloj daba la una de la tarde”), identifica las características típicas de la tiranía moderna.

Que no sea lo expuesto un indicio de la implementación de una doctrina, que a través del uso tergiversado del lenguaje oriente la reinterpretación de los hechos según la conveniencia; tal vez el problema radica en que, a menudo, se ignora la letra pequeña de los términos y condiciones de las elecciones, donde como integrantes de la sociedad estamos sometidos a diario a la arbitrariedad del mensaje sin mayores garantías.

50 años después del robo de la espada del general Simón Bolívar y de 34 años de la desmovilización del M-19, confirman que es preciso escuchar a la sociedad en general para entender no solo el origen, el desarrollo, o el estado actual del enfrentamiento social, y que con un uso diligente de la Carta Magna y no de las armas es como se avanza en la consecución de la tal anhelada paz.

Así, el principal reto que tiene el gobierno es propender por un diálogo nacional alrededor de procesos socio-políticos priorizando las especificidades que caracterizan a cada una de las regiones del país, con un liderazgo propio sin emular esquemas de otros países que han mostrado su fracaso.

Ciertamente, la acción del hurto de la espada de Bolívar sí marcó la historia reciente de Colombia, y es necesario dentro de los procesos de resiliencia que vive el país resignificar estas acciones para propiciar espacios de reflexión en la construcción de una cultura de paz y educación en Colombia, sin embargo, la resignificación debe sustentarse en la verdad de los hechos y no en la desfiguración de los mismos a través del uso de un lenguaje doctrinal.

Liderazgo en entornos VICA

VICA es el acrónimo en español de la sigla VUCA en inglés, que se refiere a las circunstancias actuales de un entorno impredecible: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad (volatility, uncertainty, complexity y ambiguity). Este concepto surgió en la década de los noventa en la US Army War College.

La Colombia actual y los desafíos que se presentan en su territorio son el resultado del enajenamiento del país a lo largo de varias décadas. En especial desde la mitad del s. XX en un escenario marcado por la violencia, el conflicto armado, el narcotráfico y una deficiente institucionalidad estatal, lo que ha ocasionado el aumento en los niveles de desigualdad social.

Hoy son evidentes las señales que el país es un territorio VICA. Esto implica que el liderazgo de nuestros dirigentes es fundamental para asumir el timonel de cada nivel del Estado, y proyectar la transformación del modelo actual que permita disminuir los efectos nocivos que experimenta el territorio, cuando el desasosiego y la indeterminación originan una zona de inestabilidad en el entorno social.

Es el momento de preguntarse, ¿qué clase de liderazgo se necesita en este paradigma VICA? La respuesta primaria es que los líderes se deben transformar. Es preciso reaprender, paradójicamente se continúa evidenciando el mismo liderazgo que se presentaba hace sesenta años. Sin el cambio de chip mental, las acciones que se desarrollen acabarán en el mismo bucle.

Se requieren líderes con unas competencias diferenciales, quienes deben ser capaces de transformar las estructuras jerarquizadas de las organizaciones y su cadena de mando, de manera que se orienten hacia la participación y la labor mancomunada con cada miembro de los equipos de trabajo, con base en el principio de la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia.

…la obligación de un líder en contextos VICA radica en pensar localmente, cerca de la sociedad a la que está liderando, pero de cara a la globalidad y actual complejidad

Lo que permitirá dar el paso hacia un modelo de gobernanza horizontal, con una cultura organizativa capaz de asumir la gestión del cambio con capital humano que no se deje influenciar, todo lo contrario que aporte y no simplemente asienta con la cabeza, ya no sirve el “yo ordeno y usted obedece”.

Un líder que orienta en este territorio VICA requiere de una mente abierta para anticipar y reaccionar no solo a la velocidad de los cambios, sino también desde la comprensión del entorno. Debe actuar con decisión y desarrollando programas estructurados que a su vez contemplen la falta de predictibilidad.

Quien con su experiencia en el conocimiento de lo público oriente los elementos y variables de nuestro contexto social, para mantener la eficacia ante los constantes cambios y la aparición de nuevos o reinventados factores desestabilizadores.

Así mismo, este líder necesita comprender a cabalidad las actuales realidades para hacer frente a los desafíos sociológicos de sus comunidades, en estos entornos la demagogia debe anularse y colocar realmente al ciudadano en el centro de las decisiones; la obligación de un líder en contextos VICA radica en pensar localmente, cerca de la sociedad a la que está liderando, pero de cara a la globalidad y actual complejidad.

Los funcionarios públicos que lideran en ámbitos VICA deben tener la idoneidad de organizar equipos con alto liderazgo colectivo, asociando a individuos de diferentes generaciones, culturas e ideologías, con la capacidad de gestionar la multiplicidad en la cual está inmersa su responsabilidad y ser pilares de sus administraciones para interactuar con su entorno de manera disruptiva.

Publicada en: https://www.cronicadelquindio.com/opinion/opinion/liderazgo-en-entornos-vica

La securitización no es la solución

En Colombia existen marcadas y profundas diferencias sociales producto de las desigualdades presentadas a raíz de la decadencia de políticas públicas incapaces de confrontarlas. Esta situación se ha evidenciado aún más después de la firma de los acuerdos de paz del 2016 y los actuales procesos de negociación y de sometimiento a la justicia de miembros de grupos alzados en armas e integrantes de bandas criminales.

Los índices delincuenciales y de violencia se han incrementado notoriamente, como lo muestran los indicadores finalizando el 2023, por la falta de una política clara que permitan que los responsables de la seguridad en el ejecutivo propongan y planteen soluciones para mejorar la situación en que se encuentra el país.

Las campañas políticas de las últimas elecciones se abanderaban en gran medida en el propósito de acabar con la delincuencia, desde luego, esto es totalmente entendible y por supuesto necesario. La ciudadanía se percibe con incertidumbre frente a la criminalidad y la violencia, situación que requiere ser priorizada por el Estado. 

El gobierno nacional y algunos de los nuevos mandatarios, quienes con poca experiencia y muy mal asesorados, propusieron en el inicio de su gestión la realización de planes de prevención y controles operativos, que comúnmente se conocen como “planes choque” o con denominaciones similares.

El anterior planteamiento de planes choque y estrategias con un enfoque de esfuerzos principalmente realizados por la Fuerza Pública, hace referencia al concepto de securitización, en donde se plantean medidas estrictas y de emergencia para contener las expresiones de violencia y a los generadores de criminalidad, y que la ciudadanía se encuentre menos asediada por estas amenazas.

Sin embargo, cuantificar la tranquilidad y convivencia de la ciudadanía por medio de la realización de sendos operativos policiales y militares, y copando espacios vitales de las ciudades con excesiva presencia de la Fuerza Pública, no debe convertirse en el criterio de éxito de la estrategia de seguridad de los gobernantes. 

En el propósito de alcanzar unos niveles de seguridad acordes a los que requiere el país, la experiencia tanto nacional como internacional indica que no se debe ajustar la estrategia pensando en el aumento del pie de fuerza momentáneo y de impacto mediático; por encima de todas las circunstancias se deben priorizar las acciones preventivas enfocadas a atacar el modo estructural del fenómeno de la violencia y la delincuencia. 

En la gran mayoría de casos, los resultados de las estrategias enfocadas en la securitización, provoca el efecto de convertir a los territorios en campos de batalla entre autoridades y delincuentes. La evidencia y los resultados muestran que tener más policías y militares en las calles, y más ciudadanos en las cárceles, solo tiene un final, el fracaso. 

Es necesario desde el ejecutivo y los gobiernos locales establecer sistemas de medición y de rendición de cuentas para observar el impacto de las estrategias planteadas. De forma que se asegure un control territorial por parte del Estado en materia administrativa, judicial, policial y militar…

Los procesos de securitización en la región y en la misma Colombia no han logrado contener las tasas de homicidios y otros delitos, las cuales son muy superiores a las de Europa y Asia, cifras que vienen siendo registradas incluso desde antes de la presencia del crimen organizado.

Una forma apropiada de dar sostenibilidad a una estrategia de seguridad debe iniciar por evolucionar hacia una medición constante de la percepción de seguridad con métodos que vayan más allá de generar estadísticas operacionales relacionadas con capturas e incautaciones, que causan tan solo un efecto periodístico al mostrar los resultados de los grandes operativos, y aunque necesarios, terminan por invisibilizar el trabajo continuo de los uniformados para hacerse más cercano a la comunidad.  

 La securitización, lo que sí logra de manera efectiva, es ahondar en el debilitamiento de la proximidad con la comunidad, al apartarse la Fuerza Pública del conocimiento de las problemáticas sociales y dejar a un lado la focalización del servicio; procesos que han demostrado eficiencia en la prevención y reducción del delito a lo largo de los años.

En este sentido, y aunque es obvio, se deben robustecer los programas de prevención a partir de la segmentación de las zonas de mayor riesgo y comprender de forma diferenciada el fenómeno y sus características, así como interiorizar el análisis de los altos costos en vidas y monetarios de combatir el crimen. 

Prevenir desde todo punto de vista, genera menos riesgos para la sociedad y la Fuerza Pública, y requiere en la mayoría de los casos una menor inversión de dinero con resultados que perduran en el tiempo.

La securitización, la mano dura o los planes choque resultan insuficientes en el mediano y largo plazo si no son acompañados con políticas públicas de amplia cobertura en los sectores urbanos y rurales que contemplen el desarrollo de acciones de inclusión social, de cultura, educación, reconstrucción del tejido social, y de resiliencia para edificar sociedades más equitativas.

Es necesario desde el ejecutivo y los gobiernos locales establecer sistemas de medición y de rendición de cuentas para observar el impacto de las estrategias planteadas. De forma que se asegure un control territorial por parte del Estado en materia administrativa, judicial, policial y militar que responda a la gravedad de la problemática y se oriente a proteger a la ciudadanía.

Es trascendental, que en el inicio de la gestión de los nuevos alcaldes y gobernadores, de manera conjunta con el gobierno nacional se hagan esfuerzos en materia de seguridad pública, en donde se generen capacidades orientadas al análisis, focalización, priorización y prevención de la criminalidad, y por supuesto establecer programas sociales, y así se evita la urgencia mediática de presentar al ciudadano resultados inmediatos carentes de efectividad sostenible.

Publicada en: https://www.kienyke.com/columnista/jimmy-bedoya

De nuevo el tráfico

Se terminan las vacaciones para la gran mayoría de colombianos. Es momento para que niños y jóvenes regresen al colegio o a la universidad, y los trabajadores retornen a sus empresas e industrias, reiniciando sus actividades habituales que durarán por los siguientes diez u once meses del año.

Como una de las principales dificultades a afrontar en este regreso son los problemas con la movilidad, la espera interminable en las diferentes vías de las ciudades es uno de los dolores de cabeza y quejas más comunes de los habitantes de los grandes centros urbanos de Colombia.

Un estudio internacional de la firma TomTom Traffic Index señala que Bogotá es la ciudad del mundo donde más horas al año se pierden en trancones con 132 horas atascados en la carrera por salir y volver y a casa. Le sigue en esta desesperante lista las ciudades de Bucarest, Manila, Bangalore y Lima todas con más de 100 horas.

Los principales motivos indicados por los usuarios de las vías urbanas muestran que las obras, la falla en los semáforos y el estado de la infraestructura vial son las circunstancias más recurrentes que inciden para que cada día sean más lentos los diferentes recorridos viales que se necesitan realizar.

Igualmente, el crecimiento en habitantes de las ciudades hace que cada vez sea más dispendiosa la forma de desplazarse para cumplir las actividades de la vida diaria. Sin embargo, todo lo anterior no indica que no se puedan plantear soluciones que se ajusten a las variadas condiciones del país.

La flexibilidad y la integración a la hora de plantear iniciativas es fundamental para generar diversidad en los modos de transporte

Aprovechando que las autoridades locales están iniciando sus periodos de gobierno, es el momento para que sus equipos de movilidad inicien la proyección de soluciones a corto, mediano y largo plazo, y se reflejen con resultados de alto impacto en este ciclo de cuatro años.

Pero la experiencia nos dice que una de las primeras propuestas que darán estos equipos, es reducir la congestión mediante la construcción de nuevas vías. Solución que desde todo punto de vista tanto a nivel nacional e internacional, solo genera un mayor embotellamiento vial, ya que los usuarios no tendrían las herramientas para utilizarlas de manera eficiente.

Los encargados de esta responsabilidad no solo se deben centrar en facilitar la vida a los usuarios de la vía haciendo las calles más transitables. Están en la obligación de atender en conjunto en la administración local, otras problemáticas que ocasiona el creciente tráfico urbano como es la contaminación ambiental, que al final es un problema mayor.

Por lo cual, es necesario ampliar la mirada y observar las lecciones aprendidas de otras ciudades del mundo que le han apostado a una movilidad inteligente y segura, en donde los usuarios sean responsables del buen uso de los medios de transporte a partir de una cultura ciudadana que propenda por el valor y cuidado del mismo.

En consecuencia, se debe incentivar el uso de la bicicleta y monopatines, o la combinación de estos con recorridos a pie, fomentando técnicas de recompensa ciudadana para quienes abanderen estas iniciativas. Como también, diseñar horarios diferentes para los trabajadores e incluso estudiantes para que no se desplacen todos a la misma hora.

La flexibilidad y la integración a la hora de plantear iniciativas es fundamental para generar diversidad en los modos de transporte en donde los usuarios puedan escoger cuál les es más favorable.

Publicada en: https://www.cronicadelquindio.com/opinion/opinion/de-nuevo-el-trafico

No lo haga, señor mandatario

Seguridad, desempleo e infraestructura son algunos de los desafíos de los nuevos gobernadores y alcaldes de las diferentes regiones del país, quienes deberán proyectar diversas políticas y soluciones para resolver las brechas presentadas en cada uno de sus departamentos y municipios.

Es así, que durante los primeros días de gobierno de los mandatarios locales en Colombia, varios columnistas y generadores de opinión les han dado una serie de recomendaciones en el inicio de su gestión, hoy quiero compartirles varias acciones que deben evitar realizar a toda costa en su periodo gubernamental.

En cuanto a seguridad, lo primero que deben evitar los gobernadores y alcaldes es creerse que son los comandantes de las Fuerzas Militares y especialmente de la Policía. No, señor mandatario local, usted es el jefe de policía en el municipio o departamento, lo que significa ser el responsable de la preservación y mantenimiento del orden público emitiendo un marco regulatorio y exigiendo la aplicación de las normas en sus jurisdicciones para tal fin.

Otro error común es la falta de planeación con metas a corto, mediano y largo plazo con objetivos específicos que le permita cumplirle a la ciudadanía que lo eligió. Señor mandatario, usted está en la obligación de concretar el plan de gobierno presentado en las elecciones. 

En cuanto a seguridad, tienen que construir los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, herramienta imprescindible de acuerdo con los resultados de los diagnósticos elaborados en donde participan actores institucionales, la sociedad civil y el sector privado, el cual debe quedar en ejecución en los primeros seis meses de su gobierno.

Esto le permitirá establecer las estrategias, líneas de acción, programas y proyectos de inversión en materia de seguridad para atender las necesidades de sus comunidades, de modo que se garantice la puesta en marcha de soluciones específicas a las problemáticas de violencia, criminalidad y percepción de inseguridad que afectan a la ciudadanía; siendo este uno de los principales factores de medición de éxito en su gestión.

Señor mandatario, Colombia es uno de los pocos países de la región en donde están  claramente estipuladas las normas con respecto a sus obligaciones y la forma de cumplirlas para la gestión de la convivencia, la seguridad ciudadana y el orden público…

Otra acción en la que no debe incurrir es convocar a consejos de seguridad de forma recurrente y con efecto mediático como un espacio para atender los fenómenos de su jurisdicción de manera reactiva y para reprender a sus participantes o para pedirles una rendición de cuentas; recuerde la responsabilidad es compartida entre los integrantes del consejo de seguridad, y especialmente suya, señor mandatario, como encargado de los programas sociales y de la coordinación con el gobierno nacional. 

Para dar claridad, los consejos de seguridad están concebidos para que mediante la coordinación interinstitucional se desarrollen estrategias, programas y acciones en pro de la seguridad ciudadana de su región. El espacio para atender de manera prioritaria e inmediata las situaciones de alteración del orden público que se presentan en su jurisdicción son los comités territoriales de orden público.

A su vez, esos espacios de diálogo y trabajo coordinado ayudan a evitarle, señor mandatario, otra falla común como es la de no atender de manera personal a los comandantes de la Fuerza Pública de su jurisdicción. Esta circunstancia suele suceder según el ego del mandatario, la experiencia indica que después de elegidos, algunos mandatarios creen que el problema de seguridad es del comandante de fuerza y no, en primer lugar, del alcalde o el gobernador.

La comunicación en doble vía genera flujos propositivos y es indispensable como principio de la gestión territorial de la convivencia. Le permite a la Fuerza Pública conocer las disposiciones de la autoridad local, y al comandante retroalimentar y asesorar al mandatario en los asuntos de seguridad gracias a la experiencia y el profesionalismo del oficial.

Igualmente, señor mandatario, no invierta su presupuesto de seguridad en listas de mercado o proyectos mal diseñados. Los asuntos de seguridad ciudadana no se resuelven dividiendo los recursos de los fondos territoriales de seguridad en partes iguales entre las instituciones que hacen presencia en su jurisdicción. 

El principal factor para otorgar los recursos es la presentación de proyectos en beneficio y de alto impacto para la comunidad. En el territorio los recursos son limitados, pero bien definidas las prioridades con proyectos sólidos serán fundamentales para determinar las inversiones que se realizarán en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Señor mandatario, Colombia es uno de los pocos países de la región en donde están  claramente estipuladas las normas con respecto a sus obligaciones y la forma de cumplirlas para la gestión de la convivencia, la seguridad ciudadana y el orden público. Si usted no las conoce o su equipo de trabajo no se las socializa, aproveche la experiencia y la capacitación de los comandantes de la Fuerza Pública de su jurisdicción, es necesario que los escuche, interactúe con ellos y permita que lo asesoren.  

Igualmente, no olvide que la convivencia y la seguridad ciudadana se construyen también con la participación de la sociedad civil, por lo que es necesario que la convoque para mejorar las condiciones de seguridad de su región y de la misma forma hacer partícipes y responsables a los ciudadanos que con sus acciones u omisiones afectan la convivencia y la armonía social. 

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Falta de liderazgo nacional

La Fuerza Pública en Colombia ha tenido un papel trascendental en la defensa de la soberanía y el orden constitucional del país. Por tal motivo, los comandantes de cada una de las Fuerzas Militares (FFMM) y la Policía Nacional reconocieron en protección de la Carta Magna a un exintegrante de un grupo subversivo como comandante en jefe en la ceremonia de posesión presidencial.

Hoy el país cuenta con la Fuerza Pública más profesional de su historia, y es para conocimiento de todos, las FFMM y Policía más fortalecidas de América Latina, como resultado de las políticas desarrolladas en las últimas décadas y la experiencia adquirida por el conflicto interno; así mismo cuentan con el reconocimiento de la sociedad.

Sin embargo, desde que asumió el gobierno el presidente Petro, se han tomado una serie de determinaciones que han debilitado la seguridad pública, lo cual repercute en la convivencia y percepción de seguridad. Hay quienes piensan que esto se deba a planes oscuros de debilitamiento a la Fuerza Pública, pero en definitiva se evidencian fallas en el liderazgo pertinente en la toma de decisiones.

El presidente asumió el poder con el planteamiento de una “paz total”, que implica lograr acuerdos con los grupos armados en busca de su desmovilización, para generar espacios que permitan disolver las motivaciones de la violencia, reducir las brechas en la propiedad de la tierra y la desigualdad en el campo, y el fin del narcotráfico; aspectos imprescindibles para alcanzar la paz.

Las grietas en el liderazgo delegado por el pueblo pueden repercutir en la defensa del Estado y su sistema democrático

Pero en Colombia, las disputas por el control territorial de las economías ilícitas se han acrecentado ante una débil presencia del Estado en el territorio que se revela insuficiente para evitar estos enfrentamientos, desconcertando a la sociedad civil.

Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal indican que los homicidios aumentaron cerca de un 5.2% entre enero y noviembre de 2023 respecto al 2022. En los primeros 11 meses de 2023, se presentaron 12.682 homicidios, 637 casos más que en 2022 cuando se registraron 12.045. La tasa de homicidio del país es de 25.4 por cien mil habitantes; la tasa del mundo es de 5.8 según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Otro delito que más causa percepción de inseguridad es el hurto, principalmente el hurto a celulares y de bicicletas los cuales tocan al ciudadano de a pie y van en aumento; de la misma forma, se incrementaron las extorsiones. En 2023, según la Policía, se presentaron 8.551 casos frente a 7.404 del 2022, recordemos que este es un delito con un alto subregistro por la falta de denuncia.

¿Dónde está el liderazgo? Las FFMM y la Policía son instituciones fundamentales para atender esta crisis, y cuentan con el capital humano profesionalizado para actuar. Si bien a la Fuerza Pública no le corresponde resolver todos los problemas sociales generadores de violencia, sí son una herramienta esencial para contener el aumento de los mismos y facilitar que en los territorios puedan llegar las demás instituciones con sus planes de desarrollo social.

Las grietas en el liderazgo delegado por el pueblo pueden repercutir en la defensa del Estado y su sistema democrático. La estabilidad del país requiere avanzar en líneas puntuales propuestas desde el ejecutivo para el robustecimiento en la toma de decisiones que le permitan a la Fuerza Pública cumplir con su mandato constitucional y que no se les cause un daño irreversible a estas y al país.

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