Elecciones 2018

Luego de cumplirse las elecciones legislativas y la primera vuelta presidencial, en donde los colombianos participaron en la escogencia de senadores, miembros de la Cámara de Representantes y Presidente de la República para el siguiente cuatrenio; hoy se sella la jornada con la segunda vuelta presidencial, consolidándose como los comicios más seguros de los últimos años y con una de las participaciones más altas de toda la historia.

Igualmente, por primera vez en 54 años, más de 12 mil exmilitantes del desmovilizado grupo guerrillero FARC se encontraban habilitados para votar, quienes no se presentaron a estas elecciones para atacarlas violentamente sino para participar en ellas desde el punto de vista político y sin armas, un hecho histórico y sin antecedentes en los eventos electorales del país.

            Gracias a la Constitución Política de 1991, que ratificó la tradición democrática que posee Colombia desde su independencia, permitiendo a todos los colombianos convertirse en agentes activos en los asuntos públicos, mediante la participación en los distintos espacios donde se manifiesta la voluntad popular, basado en tres pilares: la soberanía popular, la garantía y efectividad de los derechos políticos y la existencia de mecanismos de participación ciudadana, logrando que los colombianos controlen y evalúen la gestión pública, mediante el acompañamiento y la vigilancia del accionar de las entidades del Estado verificando su planificación para la solución a las necesidades de la comunidad.

            Es entonces la obligación de todo ciudadano denunciar cuando tenga conocimiento de un delito electoral, con la finalidad de ayudar a preservar la democracia, salvaguardar la voluntad popular, ejercer su obligación constitucional de colaborar con el sistema de justicia, participar en el control de la certamen electoral como un proceso de interés público de primera importancia y así aportar a la paz porque contribuye a la transparencia de los comicios, que en principio deben generar armonía y consensos políticos y sociales.

            Sino se denuncian los delitos electorales, contemplados en el Título XIV del Código Penal en sus artículos 386 al 396C, se permite que se impongan decisiones ilegítimas en los territorios, favoreciendo la participación de organizaciones y de líderes que no tienen compromiso real con los intereses de la comunidad, colocando en riesgo el futuro de todos, porque se le da la opción de poder a quienes prosperan al margen de la ley.

Además, se estaría siendo partícipes de una conducta delictiva al permanecer en silencio. La invitación es a denunciar cualquier anomalía que afecte la convivencia y la jornada electoral. Con la participación de todos, Colombia nuevamente vivirá unas elecciones seguras y en paz.

Publicada en: https://www.cronicadelquindio.com/opinion/opinion/elecciones-2018

Hincha ejemplar

Cuando la selección Colombia de fútbol gana, todo el país celebra. Sin embargo, la gran mayoría de los festejos terminan provocando riñas y causando muertes que le restan brillo a la ocasión. En la celebración después de la victoria sobre Grecia con la que Colombia hizo su debut en el mundial de Brasil 2014 se presentaron más de 3 mil riñas, 15 heridos y 9 muertos. La historia es aún más triste si nos remontamos al 5-0 infligido a Argentina en las eliminatorias para el mundial de Estados Unidos 1994, en donde no podemos olvidar los 76 muertos y 912 heridos de aquella lamentable celebración.

En el país al igual que en el mundo, el fútbol es el deporte Rey, presentándose como un motivo de fiesta permanente, diferenciador de la idiosincransia local y nacional, de la unión social, de la alegría en general, del ocio provechoso y la recreación, de la formación en valores, pero también se asocia a conductas de violencia e intolerancia, generadas por los diversos actores que forman parte del espectáculo del fútbol. También es una herramienta de transformación social en sectores como la salud, la educación y, finalmente, como instrumento de convivencia y paz.

La violencia del fútbol es una problemática reflejada a partir de las diferencias territoriales y los logros deportivos, en donde las rivalidades se potencian al vincularse aspectos relacionados con lo sentimental, la cultural grupal, la política y lo económico e incluso, lo étnico y lo sexual. En ese sentido, la violencia en el fútbol es construida desde lo social y lo histórico, muy similar como ha evolucionado el proceso de violencia nacional. 

Las cifras son preocupantes. Hace tan solo un poco más de un lustro, un 10% de los homicidios registrados por el Observatorio del Delito de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía eran atribuidos a riñas; hoy son el 35% del total. Entre 2004 y 2009, la tasa de lesiones por violencia, que compila Medicina Legal, pasó de 200 a más de 300 por 100 mil habitantes. Nueve de cada diez lesiones personales en 2017 se presentaron en riñas (en 2003, eran seis de cada diez) y los casos de homicidios por intolerancia, vienen subiendo desde 2007.

Finalmente y con motivo del inicio este 14 de junio del mundial Rusia 2018, en donde todos los hinchas del futbol vivirán la fiesta más grande de esta disciplina, se recuerda a los aficionados que el fútbol correctamente vivido, divierte, une, congenia e incluso desarrolla procesos educativos con carácter altruista. El hincha ejemplar sabe triunfar y festejar, asumir el fracaso y los empates con espíritu de auto-control y nunca para descargar en el otro hincha la agresividad, el dolor y las emociones mal encauzadas.

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Pacto por la vida

A raíz de un marcado proceso de metropolización que se está presentando desde las tres últimas décadas en América Latina y el Caribe (ALC), la violencia urbana se ha convertido en uno de los principales indicadores del nivel general de seguridad en sus diferentes países. Hoy es de resaltar la situación en Colombia, la cual se presenta como una lección aprendida a nivel regional, pues gracias a profundos esfuerzos se ha logrado reducir los homicidios en sus grandes ciudades. 

Las ciudades más violentas, presentan varios fenómenos que las conducen a este destino, desde la desesperanza que genera frustraciones e ira, a la falta de cohesión social y las malas relaciones dentro de la comunidad, pasando por la concentración de riqueza en ciertas zonas en detrimento de otras y la exclusión de los ciudadanos de los mercados laborales. Las injustas reglas del juego en el tablero de la vida citadina, que benefician a unos y desfavorecen a otros, son un gran causante de la violencia urbana.

Recientes estadísticas de seguridad dan cuenta que cerca del 86% de las ciudades más violentas del mundo están en ALC, según cálculos en poblaciones con más de 300 mil habitantes. En contraste, al examinar los patrones de violencia en las metrópolis más grandes de Colombia se puede observar que el país redujo su tasa de homicidios a solo un tercio de los niveles que tenía hace 25 años.

Después de terminar un conflicto de 54 años, en 2017 se obtuvo la tasa de homicidios más baja en cuatro décadas, sin embargo es imperativo continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana para lograr una paz estable y duradera. Por lo anterior y con la necesidad y el compromiso para seguir con esta tendencia a la baja, el 6 de marzo de 2018 se firma el “Pacto Nacional por la Vida”, que significa la apuesta y el esfuerzo del gobierno nacional, para frenar el homicidio en Colombia y en general reducir la violencia. Mediante medidas de intervención en coordinación con autoridades locales y organismos de investigación, así como campanas que involucren a la ciudadanía para fomentar la tolerancia.

La estrategia para llevar a la práctica este pacto contempla cuatro componentes para articular los esfuerzos del Estado: formación de equipos élite para la investigación de homicidios; fortalecer la coordinación interinstitucional para enfrentar el homicidio en todo el país con una priorización de 19 municipios; generar una cultura por la vida, que busca una sociedad menos violenta y con mayores oportunidades; y generar en la ciudadanía un compromiso para elevar la denuncia del delito y promover una cultura de respeto y seguridad ciudadana. Así este Pacto Nacional servirá para reivindicar el respeto, reducir el delito y sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor superior, la vida. 

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Democracia y sus garantes

Etimológicamente, la palabra democracia surge del griego, “demos”, pueblo, gente, y “kratos”, poder, superioridad. Por ende la democracia se identifica como una manera de gobernar en donde el poder político es ejercido por los ciudadanos de una nación, y la preocupación central es garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas.

Como todo modelo de gobierno presenta oportunidades de mejora, sin embargo en la actualidad, una gran variedad de países en el mundo sino la gran mayoría, adhieren a la democracia como su forma de gobierno, al considerar que es la mejor manera de brindar las garantías necesarias para incentivar los principios de igualdad y libertad de todos los hombres, la construcción de la constitución y la representatividad de los ciudadanos; planteados por la Revolución Francesa en 1789, antecedente histórico del cambio político más significativo que se produciría en Europa, el cual sirvió de ejemplo para otros países y promovió la democracia en el mundo. 

Colombia es, desde 1991, una democracia participativa. Ello significa que por medio de algunos mecanismos de participación, los ciudadanos del común pueden tomar ciertas decisiones en el gobierno local y ejercer veedurías de control en los planes de gobierno de las administraciones y especialmente en el manejo de la inversión pública.

La posición de garante de la Policía Nacional específicamente recae sobre la seguridad y convivencia ciudadana, y obliga a todos sus miembros a proteger la vida y el goce efectivo de los derechos y libertades de todos los residentes del país, aspecto que se vislumbra desde los artículos 6 y 124 de la Constitución Política, donde se postula la responsabilidad por acción, omisión o extralimitación.

Sumado a la condición neutral que posee la Policía Nacional, frente al ejercicio de la política, no debe existir una postura en torno a un candidato, partido o movimiento, menos aún la participación en campañas o mostrar inclinaciones, emitir opiniones por programa político alguno de quienes aspiran ocupar los cargos de elección popular. Así se garantiza la posición de garante a través de la acción que redunda en el cumplimiento irrestricto de los deberes como servidor público.

Ser garantes de los comicios electorales implica para los miembros de la Policía Nacional, generar protocolos de transparencia en el servicio que se presta a la sociedad, quienes esperan lo mejor con autoridad y responsabilidad, actuando de forma imparcial en cada puesto de votación, en la seguridad que se brinda en cada contienda política, y en el acompañamiento que se hace a los escrutinios electorales.

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Santander y su legado

La figura del General Santander, trae a la mente el reflejo de un personaje con unas condiciones excepcionales en la historia de Colombia. Admirado por ser el abanderado y promotor de una legislación compleja y responsable en la toma de decisiones políticas importantes para la República de Colombia, que marcaron el devenir del país. Existen pocos como él, que en su personalidad reúnan la precocidad, virtuosismo y agudeza intelectual de un líder. Por tal motivo no puede pasar inadvertido, este mes de mayo cuando se conmemora 178 años del fallecimiento del jurista, militar y policía.

Para Santander, “El Hombre de las Leyes”, el respeto, el culto y la veneración por la Constitución, fueron más allá de los imperativos que todo ciudadano posee dentro de sí, para transformarse en una verdadera obsesión. No existe en la historia otro jurista o estadista alguno, quien no haya sorteado tantas dificultades y puesto su propio interés en juego, por defender la libertad al amparo del sistema jurídico inspirado por las constituciones de los pueblos. 

Al “Fundador Civil de la República”, como también se le conoce al General Francisco de Paula Santander, se le admira por la iniciativa de fomentar en la nación los primeros hitos del derecho de policía, al comprometerse como un cultor del concepto de Policía, al entender que la convivencia pacífica de los asociados constituía un requisito primario para el desarrollo de los procesos jurídicos de integración y progreso de la comunidad, como solo un arquitecto de la institucionalidad lo pudo haber construido en tantos y tan variados campos del conocimiento.

La literatura sobre el General Santander, relata en forma fiel y detallada su preocupación constante por la seguridad, la garantía de la propiedad privada y la guarda del derecho individual; bastiones en los que por siglos se ha elaborado el moderno derecho de policía, rama hoy independiente de las disciplinas jurídicas y fuente de inspiración de la concepción democrática del Estado.

Fue entonces con el trasegar de los años en los albores del s. XX, en donde nació la epónima relación del General Santander con la Policía Nacional y concretamente, con su “campus académico”, para crear  la Escuela Nacional de Policía como instrumento docente, pedagógico y didáctico en la formación y profesionalización del cuerpo de policía; idea que se materializó en la década de los 40´s, en donde bajo sus banderas y para servicio de la patria, un puñado de hombres de buena voluntad quisieron restañar tantas heridas de la violencia indolente en que se vivía y así engalanar con la presea del orden el afianzamiento de la tal anhelada paz nacional. 

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Mujer policía

Con motivo del mes de la madre, rindo homenaje a las mujeres que no solamente se han convertido en mamás dentro de la Institución Policial, sino a todas las que comparten el uniforme verde oliva como símbolo de vocación. La mujer policía nos lleva a un universo de escenarios en donde se desarrolla la historia de Colombia y nos genera reflexiones sobre su labor de mujer constructora de tejido social, protagonista de la historia del país y como servidora policial. 

La evolución del país y de la misma Policía Nacional, se ha centrado en el conflicto armado, el cual hunde sus raíces en una larga y compleja maraña de confrontaciones y desacuerdos presentes, marcándose profundas transformaciones dentro de la dinámica institucional, desde las guerras civiles en el contexto bipartidista en los albores del s. XX a la época de La Violencia, con enfrentamientos por la filiación política. Sumado a ello las condiciones económicas y sociales, y diversas manifestaciones de violencia, con una mezcla entre grupos subversivos y estructuras criminales, en donde la Policía Nacional ha estado presente en cada uno de estos momentos históricos y ha contado con hombres y especialmente mujeres con el único propósito de cumplir su misión constitucional. 

Para reconocer el valioso aporte de la mujer en la historia de la Policía Nacional en sus casi 127 años de fundada, es necesario recorrer su meritoria trayectoria y la manera como el aporte femenino, a partir de 1954, ha significado un factor exitoso forjado en el cuerpo uniformado, en donde comenzó a cosechar una trayectoria llena de éxitos y logros dentro de la Policía Nacional de Colombia. Las mujeres han sido protagonistas de primer orden en la historia moderna del país y de la institución policial. 

La incorporación de la mujer a la Policía Nacional en Colombia, fue una realidad que cambió el paradigma social frente a los roles de género que debían asumir los hombres y las mujeres dentro de la Institución, incursionando en asuntos relacionados con la protección de la infancia, evolucionando a labores con el transcurrir de los años que le fueron abriendo otros espacios y oportunidades, como en actividades de vigilancia urbana y rural, trabajo comunitario, tránsito y apoyo a las diferentes especialidades del servicio, en respuesta a las continuas transformaciones culturales, políticas y sociales del país, en temas de seguridad, criminalidad y conflicto armado.

Honremos en este mes a todas las mujeres policías que en cumplimiento de su deber han aportado una lucha sin reparo contra los fenómenos delictivos y todos los relacionados con el conflicto armado en Colombia, y por aquellas mujeres que ofrendaron su vida, por servir a la patria y obtener unas comunidades seguras y en paz.

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