Seguridad vial

La Organización Mundial de la Salud, describe en el “Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial”, que los accidentes de tránsito se encuentran en el noveno lugar entre las principales causas de defunción en el mundo, con un promedio diario de 3 mil decesos en accidentes de tránsito y cobrando la vida de más de 1,2 millones de personas anualmente. Sumado a 50 millones que sufren traumatismos por esta misma causa, generándose grandes incapacidades para el resto de la vida y afectando la productividad de las naciones. 

En América Latina y el Caribe se presentan aproximadamente 100 mil muertes al año por accidentes de tránsito y se constituye como la primera causa de fallecimiento entre niños de 5 a 14 años. En Colombia en el año 2017 se presentaron 6.500 muertes por el mismo motivo, panorama que indica que los accidentes de tránsito en Colombia son la segunda causa de muerte violenta en el país según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y la primera causa de muerte de los jóvenes colombianos menores de 30 años. 

Por iniciativa de los Jefes de Estado que en septiembre de 2015 asistieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas, quienes se comprometieron en adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en donde una de las nuevas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es reducir a la mitad el número mundial de muertes y traumatismos por accidente de tránsito al 2020, una meta ambiciosa que significa un avance sustancial para la seguridad vial. En concordancia con lo anterior, existe en Colombia como una prioridad y como una política de Estado la Seguridad Vial, se construyó el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, convirtiéndose en la carta de navegación que genera medidas integrales en todo el territorio, para fomentar la formulación de políticas y acciones con el objetivo de reducir el número de víctimas fatales y no fatales.

Finalmente y para tener presente, experiencias internacionales dan cuenta de cuatro factores de éxito que deben fortalecerse para contrarrestar la accidentalidad vial: concienciar al factor humano con campañas de vigilancia y control; modernizar la infraestructura vial y la realización de auditorías e inspecciones de seguridad vial muy estrictas; nuevos sistemas de seguridad en el vehículo con desarrollos tecnológicos y sistemas de inspección; y una política pública con iniciativas que incluyan planes de seguridad vial ejecutados por agencias y entidades en lo posible independientes. El trabajo coordinado con las instituciones responsables, modificando malas prácticas y estableciendo acciones concretas, permitirá reducir el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito a nivel nacional.

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En préstamo

El pasado 22 de abril se celebró a nivel mundial el “día internacional de la Tierra”, fecha en la que se trata de crear conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, y de la misma forma contrarrestar el impacto del crecimiento demográfico en el planeta, la contaminación, el calentamiento global y promover un uso responsable de los recursos naturales. El planeta necesita de manera urgente una atención especial. Toda acción es poca,

Hace más de 2.500 millones de años surgió el planeta Tierra y con la suma de todos sus ecosistemas que lo componen es reconocido como el único hogar de la humanidad, en donde para lograr una balanza justa en los intereses económicos, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es obligatorio promover el equilibrio entre la naturaleza y la Tierra. 

En las últimas cuatro décadas, cerca del 30% de las regiones naturales del planeta se han deteriorado de manera irreversible. Cada segundo media hectárea de bosques es destruida. Las emisiones globales de dióxido de carbono suman por año desde 2015 un promedio de 32 mil millones de toneladas, doblando la cantidad que se registró en 1950, sin lugar a dudas las actividades humanas siguen siendo las causantes de la situación de riesgo en la que se encuentra el planeta.

En la actualidad el planeta Tierra se acerca a los 7.300 millones de personas y más de la mitad de ellas viven en ciudades. El compromiso con todos ellos debe ser el de construir “ciudades verdes”, para lograr un medio ambiente saludable y sostenible movilizando a toda su población generando una responsabilidad colectiva para fomentar la armonía con la “Madre Tierra”, y alcanzar el equilibrio justo entre los indicadores sociales, económicos y medioambientales.

En Colombia, la legislación en materia ambiental es extensa, ya que tiene un amplio cubrimiento en muchos temas, pero infortunadamente es poco conocida. Incluso la Constitución Política garantiza en su artículo 79 que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y además manifiesta que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación de la ciudadanía para el logro de estos fines.

Reza un proverbio Indio “la Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos”, por tal motivo las decisiones con relación al futuro del medio ambiente no solo le corresponden a los legisladores y lideres mundiales; el día de hoy nos invita a realizar un llamado a todos para ser conscientes de las consecuencias que tienen nuestras actuaciones sobre el planeta y lo que significa para las generaciones futuras.

Publicado en: https://www.cronicadelquindio.com/opinion/opinion/en-prstamo

Misión constitucional

Como resultado de las conversaciones de La Habana, entre el presente gobierno y la guerrilla de las Farc, se obtuvo la firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Proceso que se adelantó según los lineamientos de la Constitución y las leyes colombianas.

La lucha para buscar la paz debe ser una prioridad en todas las actuaciones de nuestra vida, ya que es necesario fortalecer el sentido de fraternidad entre los colombianos; sumado al esfuerzo del Estado de contrarrestar a los violentos, para que prevalezca la prosperidad y la convivencia; plasmándose la paz como uno de los objetivos fundamentales de nuestra Carta Magna, en donde no solo la prevé, sino que estimula su realización. Desde su preámbulo establece como fines del Estado “fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”. 

Adicionalmente en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, se establece que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, y complementando el concepto en su artículo 95 reza que es “deber de todos los ciudadanos el propender al logro y mantenimiento de la paz”. Obligación que no solamente vincula al Estado, sino que se extiende a los ciudadanos en general, y la Policía Nacional ha interiorizado este profundo sentido universal que consagra la paz como un bien superior y se convierte en su garante por su rol de garantizar la convivencia pacífica y la prevención de la violencia.

Con esa convicción y con una institución totalmente comprometida, se busca articular sus capacidades para promover acciones sectoriales e interinstitucionales; para así contribuir a la consolidación del Estado Social de Derecho y obtener de una forma armónica la paz territorial y lograr una nueva dinámica social para la solución pacífica de conflictos, en la cual la Policía Nacional afiance su rol constitucional.

Conociendo su deber la institución da cumplimiento al pilar misional, plasmado en el artículo 218 de la Carta Política que establece como “fin primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Compromiso que se demuestra en el diseño del “Modelo de Construcción de Paz” de la Policía Nacional, para la implementación del Acuerdo final el cual se alinea holísticamente con el Plan Estratégico Institucional, y es al mismo tiempo un ejemplo de innovación, calidad técnica y visión para enfrentar los múltiples desafíos presentados y la edificación de la paz: “por unas comunidades seguras y en paz”. 

Publicada en: https://www.cronicadelquindio.com/opinion/opinion/misin-constitucional

Nuestras víctimas

El pasado 9 de abril Colombia conmemoró el “Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas”, fecha en la que recordamos los hechos acontecidos hace 70 años cuando el país vio a Bogotá encenderse en llamas y destruirse tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, motivo por el cual no solo fue elegida para rememorar aquel fatídico suceso, sino para evocar los 8,6 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en el país. 

En el año 2016 con la firma del Acuerdo Final en el Teatro Colón en el centro histórico de la capital de Colombia y después de 53 años de confrontación bélica, en el interior de la Policía Nacional se presentaron 47.642 víctimas, incluyendo 3.852 policías asesinados, 652 fueron o están secuestrados y aún 120 uniformados permanecen desaparecidos, entre otros hechos victimizantes, y en la actualidad la institución cuenta con 9.343 uniformados quienes continúan trabajando en el seno policial con las cicatrices de la guerra en sus cuerpos o en sus almas.  

A pesar de todo y con una férrea convicción, nuestras víctimas recuperaron la confianza, la esperanza, la fe en Colombia, y tienen la profunda certeza de que si se logra que los millones de víctimas vuelvan a creer que es posible contar con un país diferente en el que podamos vivir juntos sin asesinarnos, será el momento más significativo para construir entre todos esa paz estable y duradera que se necesita. Por tal motivo se hacen ingentes esfuerzos en pro de fortalecer la implementación de la política pública de víctimas que beneficia a la población que sufrió los riesgos del conflicto armado y que sirve para mitigar el dolor de las familias de las víctimas que dejó la violencia en Colombia.  

Es así que desde el mes de abril de 2016, la Policía Nacional creó la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), meses antes de la firma del Acuerdo Final, iniciándose un proceso serio y riguroso con el fin de preparar a la institución para los escenarios por venir y orientar sus capacidades internas a través de un modelo novedoso de despliegue del servicio de policía a aquellos lugares que por las dinámicas mismas del conflicto, no se había llegado antes.  

En la actualidad, la Policía Nacional cuenta con 180 mil uniformados en todo el territorio nacional, de los cuales 5 mil trabajan en temas relacionados con los desafíos del posacuerdo, en donde se creó un “Modelo de Construcción de Paz”, para la implementación de los acuerdos, memoria histórica y víctimas, acorde con el Plan Estratégico Institucional “Comunidades Seguras y en Paz”, punta de lanza para desarrollar el Modelo de Modernización y Transformación de la Policía Nacional visión 2030.

Publicada en: https://www.cronicadelquindio.com/opinion/opinion/nuestras-vctimas

Contrato social

La Constitución Política de Colombia ampara la igualdad entre todos los ciudadanos. Sin embargo, existen personas que piensan que no todos somos iguales ante la ley. En nuestro país cunde el fenómeno conocido como el “usted no sabe quién soy yo”, el cual ha sido protagonizado por un sinnúmero de personajes de nuestra geografía patria.

A raíz de diferentes intrusiones de nuestro pasado señorial y patriarcal, en donde los criollos -hijos de europeos en América- se autoproclamaban “blancos” y, por ende, “hidalgos”, mejor entendido como hijos de alguien importante, y por tal motivo creían que debían recibir respetos y reverencias especiales de mestizos, negros e indios, quienes hacían parte del resto de la sociedad. El día de hoy dieron vida a esos oscuros personajes que en nuestros días son conocidos como “doctores”, supuestamente hombres poseedores de un conocimiento superior, en especial de las normas, que en su raciocinio creen que cuanto más arriba se encuentran en la escala social, más fueros y libertades poseen, y más abusos se les puede tolerar. Desde el Grito de Independencia a la nueva Carta Magna, se ha buscado la igualdad de todos los ciudadanos, muchos han contravenido este contrato social y se ha potenciado que un mayor número de personas deseen tener el poder de desobedecer, fenómeno que permanece hasta nuestros días.

La doctrina del camino fácil, de “la avionada”, del no ser “el bobo”, el de tomar atajos y utilizar métodos poco convencionales y legales para salir adelante con lo que se propone, adicionalmente con actitudes muchas veces celebradas y bien vistas por parte de la sociedad, incluso incentivadas desde el núcleo familiar, convierte la realidad legal del país a una en donde prevalecen los abolengos.

El país aún tiene en la mente las imágenes de diferentes casos en donde importantes personalidades han querido transgredir las normas con la frase “usted no sabe quién soy yo”, desde hijos de dignidades de la vida pública, integrantes de diferentes instituciones, como en uno de los últimos casos en donde un excandidato a una corporación pública agredió a una uniformada integrante de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, quien le hacía un llamado de atención por encontrarse contraviniendo una norma.

Aunque el desobedecer normas y la ilegalidad se encuentre intrínseco en nuestra sociedad, debemos esforzarnos para generar medidas que den fin a estas actitudes negativas, mediante el fortalecimiento del sistema de justicia, con una voluntad social por construir un territorio con nuevas estructuras culturales y cimentado en prácticas éticas. En nuestras manos se encuentra refundar el contrato social que ha marcado la vida desigual y excluyente de la sociedad actual. 

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Retos del futuro

Varias formas de delitos tradicionales en los últimos años han mostrado estadísticamente reducciones sostenidas en los países en desarrollo, pero de la misma forma existen otros crímenes que han surgido en esta nueva era de la tecnología de la información y las comunicaciones; los cuales registran un aumento significativo como el tráfico de drogas, armas de fuego y la trata de personas, el lavado de activos, la corrupción, el cibercrimen, los delitos asociados con la identidad y el terrorismo.

Se necesita especial atención en el fenómeno que nos presenta los avances tecnológicos, los cuales nos han llenado de incontables beneficios, pero poseen un lado oculto y pueden volverse en nuestra contra. Los hackers son capaces de activar las cámaras de vigilancia y webcams de cualquier hogar, los ladrones y acosadores analizan las redes sociales para conocer los hábitos de sus víctimas para seguirlas hasta el lugar en donde interactúan socialmente. Hoy sin las medidas mínimas pueden robarnos la identidad, apoderarse de la información de nuestras cuentas bancarias y copiar el contenido de los servidores informáticos.

Estos criminales no tienen impedimentos éticos ni jurídicos, al contrario de los gobiernos que tienen la obligación de observar el Estado Social de Derecho. Las estructuras delincuenciales, han especializado su modus operandi y se están convirtiendo en organizaciones transnacionales. No podemos permitir que los delincuentes se adapten a los cambios del entorno mundial con mayor rapidez que los gobiernos, por tal motivo nuestros estados se están haciendo más fuertes, para evitar que los delincuentes obtengan mayores recursos.

En la actualidad la gran mayoría de países comprende que es fundamental potenciar como política de Estado la cooperación internacional en los asuntos penales, realizar mejoras radicales en la celeridad, facilidad y frecuencia de la ayuda transfronteriza. El procedimiento de extradición, el intercambio de información, la extinción de dominio y otras formas de apoyo deben incrementarse, y con una mayor rapidez.

No es práctico combatir el delito con tan solo medidas disuasorias o judiciales, se requiere políticas públicas fuertes de carácter social, sumado a una mayor acción a través de unidades especializadas, soportadas en sólidos servicios de inteligencia e investigación criminal y un componente fundamental en las tareas básicas de seguridad y convivencia ciudadana. La prevención efectiva del delito es sustancial para permitir un desarrollo sostenible, la reducción de la criminalidad y la seguridad sin lugar a duda mejora las condiciones para la economía local, y permite el direccionar los recursos hacia un crecimiento social y complementa la lucha contra la delincuencia.

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