2024: finaliza un año de retos en seguridad y convivencia

El año 2024 será recordado como un periodo decisivo en la historia de la seguridad ciudadana y la convivencia en Colombia. Las demandas crecientes de los ciudadanos por espacios más seguros y armoniosos se confrontaron con desafíos estructurales, incluyendo el aumento en la percepción de inseguridad y las altas tasas de victimización en varias regiones del país. Sin embargo, también fue un año marcado por el esfuerzo independiente de la Fuerza Pública y de algunos mandatarios locales para contrarrestar la criminalidad y la violencia, así como la participación activa de algunas comunidades y del sector empresarial del país.

La percepción de inseguridad en Colombia continúa siendo alarmante. Al mes de noviembre la Policía Nacional reportaba 10.902 homicidios en el país, y según la encuesta de Invamer para el mismo mes informa que el 68% de los colombianos se siente inseguros en su entorno, y considera que la seguridad va por el camino equivocado, lo que refleja una aprehensión generalizada de inseguridad en el país. Además, en ciudades principales como Bogotá y Cali se han reportado altos índices de robos y niveles de violencia, contribuyendo a esta sensación negativa.

Es necesario adoptar para el año 2025 un enfoque más proactivo que considere las dinámicas sociales y territoriales del país. Por ejemplo, debemos tomar las enseñanzas de Barry Buzan en su libro “Security: A New Framework for Analysis”, en donde plantea que la seguridad debe entenderse desde una perspectiva multidimensional, que abarque no solo la protección frente a amenazas físicas, sino también la percepción psicológica de estabilidad. En este sentido, los retos de Colombia para la próxima anualidad tienen que trascender de lo material y exigen una redefinición de las estrategias gubernamentales para abordar la seguridad desde ángulos económicos, sociales y culturales.

De cara al 2025 es imperativo que Colombia se anticipe a los desafíos emergentes, y las autoridades se inspiren en las ideas de Gabriele Rizzo y Anthony Masys en “Handbook of Foresight, Strategy, and Futures Studies for Defense and Security,” para que planteen una hoja de ruta enfocada en la importancia de integrar la prospectiva estratégica en la formulación de políticas de defensa y seguridad, al promover un enfoque que reaccione más allá de las amenazas actuales y prevea futuros escenarios y desafíos, al permitirle a las instituciones adaptarse proactivamente a un entorno en constante cambio.

Como sociedad, debemos entender que la seguridad es un esfuerzo colectivo que requiere compromiso, innovación y colaboración constante. Solo así podremos transformar el 2025 en un año de mayor estabilidad y esperanza para todos los colombianos.

Para lo cual propongo las siguientes iniciativas en tres frentes a explorar, primero, la creación de centros de “Foresight en seguridad”, liderados por equipos interdisciplinarios que por medio de herramientas de Inteligencia Artificial y Big Dataanalicen tendencias criminales y prevean riesgos. Esta metodología permitiría diseñar políticas públicas más adaptativas y proactivas.

Segundo, integrar las comunidades en el diseño de políticas, la participación ciudadana no tiene que limitarse a encuestas de percepción. En cambio, se debe crear “mesas de seguridad” donde líderes comunitarios trabajen directamente con autoridades administrativas para co-crear soluciones mediante políticas públicas acordes al territorio y no al capricho de los mandatarios locales.

Tercero, es crucial incrementar la educación en cultura de seguridad y convivencia, mediante la implementación de programas educativos que promuevan valores como el respeto y la resolución pacífica de conflictos. Este proyecto debe iniciarse en escuelas y extenderse a campañas de sensibilización pública, con procesos claros y rendición de cuentas continua para hacer seguimiento a los avances de la iniciativa.

El balance de 2024 en seguridad ciudadana y convivencia nos muestra que hay mucho por hacer. A las autoridades les compete priorizar el uso de tecnologías avanzadas y metodologías prospectivas para anticiparse a los retos del futuro. Por su parte, la ciudadanía debe asumir un rol activo, al participar en la construcción de entornos más seguros. Como sociedad, debemos entender que la seguridad es un esfuerzo colectivo que requiere compromiso, innovación y colaboración constante. Solo así podremos transformar el 2025 en un año de mayor estabilidad y esperanza para todos los colombianos.

Publicada en: https://www.kienyke.com/columnista/jimmy-bedoya

La pareidolia de la seguridad: políticas públicas y la ilusión del control

En Colombia, hablar de seguridad suele evocar imágenes de capturas masivas, incautaciones espectaculares y operativos en vivo transmitidos por las redes sociales. Estos momentos generan un respiro pasajero en la opinión pública, una sensación de que se está ganando la lucha contra el crimen. Sin embargo, detrás de estas métricas superficiales se esconde una realidad incómoda: la mayoría de las políticas de seguridad fomentan más la apariencia de control que soluciones reales. Es un fenómeno que podría llamarse “pareidolia de la seguridad”, donde las autoridades perciben patrones de éxito en indicadores que, en contexto, no logran transformar los problemas estructurales.

Esta desconexión entre percepción y realidad no es un fenómeno exclusivo de Colombia, pero aquí encuentra terreno fértil. El reciente reporte del Sistema de Planeación Territorial (SisPT) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ilustra esta problemática. Esta herramienta, diseñada para permitir a las alcaldías y gobernaciones construir y hacer seguimiento a sus Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), ha sido adoptada por apenas el 57% de las entidades territoriales en 2024. La cifra no solo refleja fallas en la implementación, sino una preocupante falta de compromiso con la planificación estratégica en seguridad. Aún más inquietante es que, incluso cuando estos planes se digitalizan en el sistema, pocos contienen estrategias que apunten a transformar las raíces de la criminalidad, como la exclusión social, la inequidad o la falta de acceso a la justicia.

El problema de raíz radica en cómo entendemos el éxito en seguridad. Como advierte Spencer Coursen en “The Safety Trap”, es fácil caer en el ardid de priorizar una sensación de seguridad en lugar de enfrentar las amenazas reales. En el país esta trampa se manifiesta en operativos relámpagos según la temporada del año y dependen también de algún fenómeno criminal mediático que buscan apaciguar el miedo colectivo sin abordar las condiciones que perpetúan la violencia. Esta dinámica está profundamente influenciada por lo que Daniel Kahneman, en “Pensar rápido, pensar despacio”, llama el pensamiento acelerado: decisiones impulsivas y reactivas que satisfacen necesidades inmediatas, pero carecen de la reflexión analítica necesaria para generar cambios de fondo. 

Factores como la percepción ciudadana, el acceso a oportunidades económicas y la cohesión social son tan relevantes como las incautaciones y las capturas. El llamado es claro: abandonar las ilusiones de control y enfrentar la complejidad de la seguridad con estrategias innovadoras, reflexivas y sostenibles. 

James C. Scott, en su obra “Seeing Like a State”, describe cómo los gobiernos suelen simplificar la complejidad social para medir y gestionar políticas públicas. En el caso colombiano esto se traduce en una obsesión por indicadores que son fáciles de contabilizar pero insuficientes para evaluar el impacto real. Mientras tanto, los factores que sostienen la criminalidad como la exclusión económica, la fragmentación comunitaria y la corrupción, permanecen fuera del radar de las políticas de seguridad. Este enfoque desconoce las particularidades de las comunidades locales y las dinámicas sociales, y debilita cualquier intento de generar un cambio duradero.

Experiencias internacionales ofrecen una perspectiva valiosa, por ejemplo, Portugal con su política de descriminalización de drogas ha demostrado que abordar las causas subyacentes, como la adicción, puede ser más efectivo que las respuestas punitivas. Por su parte, Islandia a través de programas comunitarios enfocados en la juventud, logró reducir significativamente la violencia y el consumo de sustancias psicoactivas. Estos casos comparten un denominador común: la combinación de datos rigurosos, enfoques preventivos y la participación activa de las comunidades en el diseño de políticas. Mientras tanto, en Colombia, el SisPT, a pesar de su potencial, no ha logrado consolidarse como una herramienta transformadora debido a su baja adopción y a la falta de voluntad política de las autoridades territoriales para integrar sus registros en estrategias reales.

Ante esta realidad, es urgente replantear cómo se entiende y ejecuta la seguridad en el país en el corto, mediano y largo plazo. Más allá de capturas y operativos que son respuesta de abreviado alcance, se necesita un enfoque que integre evaluación independiente, participación ciudadana y datos cuantitativos que reflejen impactos duraderos. La auditoría externa es clave para evitar que las políticas se conviertan en ejercicios de autoengaño. Instituciones independientes y objetivas deben analizar los resultados y proponer ajustes en tiempo real. Además, involucrar a las comunidades en la creación de políticas no solo aumenta su pertinencia, sino que fortalece la confianza ciudadana en las instituciones. Finalmente, las métricas deben ir más allá de lo numérico. Factores como la percepción ciudadana, el acceso a oportunidades económicas y la cohesión social son tan relevantes como las incautaciones y las capturas. El llamado es claro: abandonar las ilusiones de control y enfrentar la complejidad de la seguridad con estrategias innovadoras, reflexivas y sostenibles. 

Publicada en: https://www.kienyke.com/columnista/jimmy-bedoya

Ciberseguridad en 2025: innovar o sucumbir

Para 2025 el panorama de la ciberseguridad se vislumbra en una encrucijada, producto de la acelerada convergencia entre el mundo digital y el físico, que ha transformado nuestras sociedades y economías en una interdependencia, cada vez con mayor vulnerabilidad a los ciberataques. Como lo expone Kim Zetter en “Countdown to Zero Day”, la historia nos ha mostrado que los ataques cibernéticos pueden tener consecuencias devastadoras, y es precisamente esa capacidad de destrucción la que enfrentamos hoy en una escala exponencial.

El desafío a encarar radica en la continua evolución de las técnicas de los ciberdelincuentes, y en nuestra capacidad para adaptarnos y proteger lo que está en juego: desde los datos sensibles de ciudadanos y gobiernos hasta la estabilidad económica global. Resulta elemental comprender que solo a través de una innovación constante y la adopción de estrategias proactivas podremos evitar que el cibercrimen supere las defensas actuales y, en última instancia, frene el avance de la sociedad digital.

El cibercrimen ha evolucionado desde simples ataques de malware a una industria compleja y altamente rentable. El ransomware-as-a-service (software malicioso comercializado digitalmente) es un ejemplo claro de la profesionalización de la ciberdelincuencia. Según un informe de Cybersecurity Ventures, se estima que los daños globales por la criminalidad cibernética alcanzarán los 10.5 billones de dólares anuales para 2025. Esta cifra refleja el impacto económico directo y las repercusiones a largo plazo, como la pérdida de confianza en las infraestructuras digitales y la vulnerabilidad de sectores clave como la salud, la educación y los servicios públicos.

En ese sentido, la adopción de tecnologías disruptivas son fundamentales para mantener la seguridad en un mundo cada vez más digitalizado. Un concepto clave que emerge como respuesta a las amenazas actuales es el modelo “Zero Trust”, que promueve una estrategia de seguridad basada en la verificación continua de todas las solicitudes de acceso, sin importar la ubicación del usuario dentro o fuera de la red corporativa. Según Rick Howard en “Cybersecurity First Principles”, este enfoque permite cerrar las brechas de seguridad que existen en los modelos tradicionales, que asumían que los usuarios dentro de la red eran confiables por defecto.

Por su propia naturaleza, la ciberseguridad implica un abordaje conjunto dentro y fuera de la red que obstaculice las amenazas al minimizar los daños que trasciendan fronteras y, por lo tanto, se necesita una cooperación internacional efectiva. Así lo manifiesta, Ben Buchanan en “The Hacker and the State”, al argumentar que se debe posicionar el ciberespacio como un terreno esencial en el poder estatal moderno, al destacar que la competencia en este ámbito ya no es opcional, y es una necesidad estratégica en el futuro, en donde los Estados que no desarrollen capacidades cibernéticas robustas estarán en desventaja frente a aquellos que lideren en esta área.

El panorama de ciberseguridad en Colombia exige un cambio radical en las estrategias de defensa para el 2025, en donde es esencial que las autoridades implementen una serie de medidas inmediatas, como la construcción de una cultura digital resiliente, impulsar la adopción de tecnologías revolucionarias como Zero Trust en los sectores público y privado, para asegurar una defensa más sólida y ágil.

El cibercrimen se está sofisticando a un ritmo alarmante, y las defensas actuales parecen ser insuficientes para hacerle frente. En 2025, si no se adoptan medidas innovadoras y proactivas en ciberseguridad, el impacto de los ataques cibernéticos podría paralizar economías enteras, desestabilizar gobiernos y poner en riesgo la privacidad de millones de personas. 

Como sociedad, tenemos que comprender que la ciberseguridad es un asunto urgente y colectivo. Las autoridades colombianas y la ciudadanía deben ser conscientes de la magnitud de los riesgos y actuar en consecuencia, implementar medidas de seguridad avanzadas, adoptar tecnologías emergentes y colaborar a nivel global. El futuro de la seguridad digital depende de nuestra capacidad para transformarnos. Innovar o sucumbir, esa es la disyuntiva que enfrentamos.

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Bogotá en el laberinto: ¿Por qué la desconexión social alimenta la inseguridad?

La inseguridad en Bogotá no es solo un problema de criminalidad, es además de cohesión social. Según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE (2023), el 83,8% de los habitantes de la capital se sienten inseguros. Los espacios públicos deteriorados, la falta de interacción comunitaria y el debilitamiento del tejido social han convertido a la ciudad en un lugar donde la percepción de inseguridad es una experiencia cotidiana. Si estudiamos los planteamientos de Paul Martin en “The Rules of Security: Staying Safe in a Risky World”, entenderemos que la seguridad no depende solo de policías o cámaras, implica por sobre todo estrategias que fortalezcan comunidades conectadas y resilientes.

Zonas como San Victorino reflejan el impacto de políticas urbanas insuficientes para enfrentar la criminalidad. Ante la temporada de fin de año, las autoridades intensifican controles en este sector de la ciudad, pero estas medidas no involucran combatir las causas profundas. Estudios muestran que comunidades cohesionadas son menos propensas a la violencia. En Bogotá, sin embargo, la falta de espacios públicos seguros y la fragmentación social aumentan la percepción de inseguridad y los riesgos reales.

Robert Muggah, experto en seguridad urbana, desarrollo internacional y diseño de ciudades resilientes, señala que la cohesión social es clave para reducir la criminalidad urbana. Ciudades como Medellín y São Paulo han demostrado cómo revitalizar espacios públicos y fortalecer redes comunitarias transforma realidades violentas. En Bogotá, barrios desconectados, parques abandonados y una sensación de aislamiento reflejan una crisis de cohesión social que impacta la seguridad.

La cohesión social no es solo un objetivo, sino un medio para mejorar la seguridad. Vecinos conectados son más propensos a cooperar, denunciar delitos y participar en actividades comunitarias. Sin embargo, esto requiere políticas urbanas centradas en las personas y no solo en el control del delito.

Ciudades como Barcelona y Medellín ofrecen ejemplos inspiradores. Barcelona, con sus supermanzanas, ha creado espacios seguros para peatones y fomentado interacción comunitaria. Medellín transformó barrios marginales con escaleras eléctricas, bibliotecas y parques que fortalecen la cohesión social.

…como argumenta Muggah, la seguridad nace de comunidades resilientes y cohesionadas. Si Bogotá se abre a una construcción diferencial en el abordaje de la seguridad lograría un enfoque que la destaque como una ciudad innovadora, segura, inclusiva y vibrante.

Bogotá, en cambio, sigue careciendo de planificación a largo plazo. Modelos como crime prevention through environmental design (CPTED), que integran urbanismo y seguridad, podrían ser claves. La inversión en infraestructura social y espacios públicos accesibles es crucial para reducir la criminalidad.

San Victorino es un ejemplo de los desafíos de la ciudad. Este sector comercial enfrenta inseguridad por falta de control efectivo y deterioro urbano. Operativos temporales como los navideños no resuelven problemas como la exclusión social, el desempleo y la desvalorización del espacio público.

El estado de los parques y plazas es otro tema alarmante. Espacios que deberían ser puntos de encuentro son ahora zonas de riesgo. Esto limita la interacción comunitaria, debilitan aún más el tejido social y afectan la calidad de vida.

Parte de la solución al desafío de la inseguridad en Bogotá conlleva la integración social, más allá de recursos policiales. Es necesario abordar las causas sociales y urbanísticas que perpetúan la criminalidad y el miedo. Bogotá puede salir del laberinto si reconstruye su tejido social.

La seguridad no es solo responsabilidad del gobierno, cada ciudadano tiene un rol. Cuidar espacios públicos, participar en iniciativas comunitarias y promover la interacción fomenta cambios significativos y vivifica las comunidades; como argumenta Muggah, la seguridad nace de comunidades resilientes y cohesionadas. Si Bogotá se abre a una construcción diferencial en el abordaje de la seguridad lograría un enfoque que la destaque como una ciudad innovadora, segura, inclusiva y vibrante.

Pública en: https://www.kienyke.com/columnista/jimmy-bedoya

Seguridad pública 2.0: retos de la IA en ciudades conectadas

La integración de la inteligencia artificial en la seguridad pública ha transformado las ciudades modernas. Sin embargo, la promesa de una respuesta más rápida y eficiente ante emergencias y la prevención de delitos convive con preocupantes desafíos, como el aumento del cibercrimen y los costos económicos y sociales derivados. Según el más reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen y la violencia generan un costo de hasta el 3.5% del PIB en algunas regiones de América Latina, lo que revela una urgencia crítica: si no actuamos de manera proactiva, la irrupción de la IA en la seguridad urbana puede convertirse en un arma de doble filo.

Las ciudades inteligentes emplean la IA en múltiples sistemas de seguridad pública: desde la gestión del tráfico hasta la vigilancia predictiva y los centros de control inteligentes. Esta revolución tecnológica promete no solo mejorar la eficiencia operativa de las instituciones encargadas de la seguridad, sino también anticipar situaciones de riesgo con una precisión sin precedentes. Aun así, estos sistemas también son vulnerables a ciberataques sofisticados, lo que plantea una nueva dimensión de inseguridad.

Tomemos el ejemplo de Singapur, este Estado isleño es uno de los más avanzados en la implementación de soluciones de IA, con un despliegue de redes de cámaras inteligentes que utilizan algoritmos para detectar comportamientos sospechosos y alertar a las autoridades en tiempo real. No obstante, este nivel de sofisticación ha venido acompañado de intentos de ciberataques que, de ser exitosos, podrían paralizar servicios críticos. Esta realidad lleva a cuestionar cómo proteger la infraestructura de seguridad digital y a preguntarnos: ¿Estamos preparados para un nuevo tipo de amenaza?

La IA tiene el potencial de revolucionar la seguridad pública en múltiples frentes: algoritmos capaces de identificar patrones delictivos en datos masivos como informes policiales y redes sociales, puede anticipar amenazas y asignar recursos preventivos, a su vez, los sistemas de IA permiten a los cuerpos de seguridad gestionar sus operaciones con mayor eficiencia al asignar personal y vehículos de emergencia en tiempo real según la criticidad de cada evento. Y por supuesto, la IA analiza imágenes de cámaras de seguridad y detecta anomalías que pasarían desapercibidas para los seres humanos lo que es una ventaja para reducir los tiempos de respuesta de los agentes de seguridad.

…es urgente que en Colombia se implementen estrategias preventivas y de colaboración. Las autoridades y la ciudadanía deben tomar un papel activo en la construcción de ciudades más seguras, no solo desde un enfoque físico, sino también digital.

Regresemos entonces a la otra cara de la IA, en el informe del BID se revela que los costos asociados al crimen no solo se limitan a daños materiales, sino que incluyen una reducción en la productividad y un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos y ahora con la IA en juego las cifras pueden dispararse. Los ciberataques a sistemas de seguridad pública tenderán a desatar un caos sin precedentes, por ejemplo asaltos con ransomware (software malicioso) para bloquear sistemas sensibles sobre informaciones judiciales, ataques de denegación de servicio (DDoS) que saturan los sistemas de llamadas de emergencia, retrasando la atención a incidentes críticos, y la manipulación de señales de tráfico o cámaras de vigilancia, que puede causar caos urbano o desproteger áreas vulnerables. 

Frente a estos desafíos es necesario un enfoque proactivo y multilateral para garantizar que la seguridad pública 2.0 no se convierta en una amenaza para sí misma. Es crucial que las ciudades desarrollen una infraestructura robusta de ciberseguridad que no solo proteja los datos, sino también los algoritmos y las redes de IA. Esto implica inversiones continuas en innovación y formación de expertos en ciberdefensa. Al igual, las empresas tecnológicas y los gobiernos deben colaborar para desarrollar estándares de seguridad en los sistemas de IA. 

En el contexto colombiano, la situación es particularmente delicada. El país ha avanzado en la adopción de tecnologías inteligentes, y esto implica enormes desafíos en términos de ciberseguridad. Un ataque a la infraestructura digital de seguridad podría tener repercusiones catastróficas, especialmente en un entorno donde las organizaciones criminales y las amenazas delictivas son ya de por sí una constante preocupación.

Por ello, es urgente que en Colombia se implementen estrategias preventivas y de colaboración. Las autoridades y la ciudadanía deben tomar un papel activo en la construcción de ciudades más seguras, no solo desde un enfoque físico, sino también digital. Se necesita un esfuerzo conjunto para que la seguridad pública 2.0 sea un instrumento de paz y no un nuevo campo de batalla para el crimen organizado.

IA generativa y smart cities: la contienda invisible de la seguridad

En la última década, el concepto de “smart city” (ciudad inteligente) ha pasado de ser una visión futurista a una realidad en construcción. Las ciudades inteligentes combinan tecnología de punta con interconectividad digital, al permitir la gestión de recursos de manera eficiente, al mejorar la calidad de vida y optimizar los servicios públicos esenciales en tiempo real. Sin embargo, a medida que esta sofisticación tecnológica avanza, también lo hace la amenaza del cibercrimen. La inteligencia artificial generativa (IA generativa) se destaca como un avance crucial en este entorno, pero también como una de las mayores vulnerabilidades. En manos equivocadas, esta tecnología puede transformarse en una herramienta de manipulación, capaz de generar datos falsos y deepfakes convincentes, infiltrándose en la estructura misma de la ciudad inteligente y provocar consecuencias potencialmente devastadoras.

La velocidad de desarrollo de estas tecnologías y su creciente integración en espacios urbanos subrayan una cuestión ineludible: ¿están las medidas de seguridad de nuestras ciudades inteligentes a la altura de esta amenaza invisible? Los hechos recientes muestran que la ciberdelincuencia evoluciona al mismo ritmo que la tecnología, y genera riesgos que, sin una estrategia de seguridad sólida, podrían cambiar radicalmente el panorama social y económico global, incluido el de Colombia.

La IA generativa: potencial y amenaza en las ciudades inteligentes

La IA generativa, en su capacidad para crear contenido nuevo a partir de patrones de datos existentes, representa una poderosa herramienta en áreas como la vigilancia, la salud pública, la gestión de emergencias, entre otras. Por ejemplo, el uso de IA para predecir y gestionar el tráfico, monitorizar la calidad del aire o responder a emergencias médicas puede transformar una ciudad en un ecosistema más seguro y eficiente. Sin embargo, estas aplicaciones también abren la puerta a riesgos complejos. La misma IA generativa utilizada para crear simulaciones precisas o análisis predictivos puede ser explotada por cibercriminales para generar información falsa y engañar a los sistemas.

Un ejemplo ilustrativo es el fenómeno de los deepfakes, una técnica que permite crear videos, audios o imágenes manipuladas que pueden engañar a los ciudadanos o incluso a los sistemas de seguridad, al simular eventos, identidades o situaciones ficticias. En una ciudad inteligente, un deepfake bien ejecutado podría provocar caos, al imitar alertas de emergencia, o alterar transmisiones de video de seguridad, o emitiendo falsos mensajes de las autoridades. En el contexto colombiano, donde la confianza en las instituciones ya es una preocupación, el impacto de estas manipulaciones podría ser especialmente perturbador.

Ciberdelincuencia y el escenario urbano inteligente: amenazas en escalamiento

Las ciudades inteligentes dependen de una infraestructura interconectada donde sensores, cámaras, sistemas de datos y redes inteligentes se comunican en tiempo real. Sin embargo, esta interconexión también crea puntos de acceso vulnerables para ataques cibernéticos. Los cibercriminales pueden infiltrarse en sistemas esenciales, como el control de tráfico o el suministro eléctrico, y potencialmente desestabilizar toda la red urbana. A nivel internacional, casos como los ataques a infraestructuras críticas en ciudades de Estados Unidos y Europa han demostrado que las ciudades inteligentes están en la mira de los cibercriminales.

Por ejemplo, en 2021, la ciudad de Oldsmar en Florida fue blanco de un ataque cibernético en el que los delincuentes lograron acceder a su sistema de tratamiento de agua e intentaron aumentar los niveles de hidróxido de sodio a niveles peligrosos. Aunque el ataque fue detectado a tiempo, este incidente demostró la vulnerabilidad de las infraestructuras públicas ante el cibercrimen. En una ciudad inteligente más compleja, un ataque similar podría tener consecuencias mucho más devastadoras si los delincuentes usan IA generativa para simular situaciones y crear distracciones.

En el contexto colombiano, estas amenazas cobran especial relevancia. A medida que las ciudades avanzan hacia modelos de gestión más digitalizados, es necesario que se preparen para enfrentar un panorama de riesgos que evoluciona rápidamente. La IA generativa, que podría utilizarse para mejorar la eficiencia en áreas como la administración pública o la seguridad ciudadana, podría ser aprovechada por actores malintencionados para alterar servicios críticos y provocar caos urbano.

Análisis de riesgos: la manipulación de datos y la pérdida de confianza

Uno de los mayores riesgos de la IA generativa en una ciudad inteligente es la manipulación de datos en tiempo real. Al depender de datos para operar, la ciudad inteligente necesita asegurarse de que la información que recibe y utiliza es confiable. Sin embargo, la IA generativa permite a los cibercriminales crear datos falsos de manera tan precisa que pueden pasar desapercibidos para sistemas de detección menos sofisticados. Esta manipulación de datos puede generar consecuencias graves, desde errores en la distribución de recursos hasta incidentes de seguridad pública.

La pérdida de confianza es otro riesgo significativo. Los ciudadanos dependen de la información proporcionada por sus ciudades inteligentes para tomar decisiones diarias. Si los ciudadanos comienzan a dudar de la veracidad de esta información, especialmente después de incidentes de manipulación de datos o deepfakes, la confianza en los sistemas públicos se verá socavada, lo que podría llevar a una erosión de la legitimidad de las instituciones. En un país como Colombia, donde la desconfianza hacia las autoridades es un tema recurrente, el daño a la credibilidad institucional podría ser profundo y duradero.

Nuevas estrategias en ciberseguridad para la IA generativa en ciudades inteligentes

Para enfrentar estos desafíos, es fundamental desarrollar estrategias de ciberseguridad avanzadas que protejan las infraestructuras de las ciudades inteligentes frente a las vulnerabilidades generadas por la IA generativa. A continuación, se proponen algunas estrategias clave:

1. Detección avanzada de amenazas: implementar sistemas de IA capaces de identificar patrones inusuales en el flujo de datos y detectar señales de posible manipulación de datos en tiempo real. La inversión en tecnologías de detección de deepfakes y datos sintéticos es crucial para minimizar el impacto de la IA generativa maliciosa.
2. Infraestructuras de red segmentadas y seguras: para evitar que un solo ataque se propague, las redes urbanas deben estar segmentadas, y cada sector debe contar con protocolos de seguridad específicos. Esto limita el acceso a los sistemas críticos y reduce el riesgo de ataques en cadena.
3. Autenticación y verificación multinivel: la autenticación avanzada mediante biometría y otras formas de verificación sólida puede ayudar a asegurar que solo personal autorizado acceda a sistemas sensibles. Además, la tecnología de blockchain puede ayudar a asegurar la trazabilidad y la autenticidad de los datos en tiempo real.
4. Conciencia y educación pública: educar a los ciudadanos sobre los riesgos de la ciberdelincuencia y los deepfakes es crucial. Esto permite que la ciudadanía esté alerta y pueda contribuir a la detección de incidentes o manipulaciones sospechosas, y crear una cultura proactiva frente al cibercrimen que prepare a la comunidad para enfrentar situaciones reales de ciberataques.
5. Regulaciones especializadas: el Estado debe establecer marcos regulatorios que limiten el uso de IA generativa en ámbitos sensibles y fomenten la transparencia en el desarrollo de tecnologías urbanas. Esto incluye la colaboración entre empresas de tecnología, gobiernos y expertos en ciberseguridad.
6. Fortalecimiento de dispositivos IoT (internet de las cosas): los equipos conectados son esenciales en las ciudades inteligentes, pero también son vulnerables. Para mitigarlo se requiere asegurar que todos los dispositivos IoT cuenten con software actualizado. Implementar autenticación multifactor y cifrado para proteger las comunicaciones, y evaluar la seguridad de los dispositivos para identificar vulnerabilidades antes de que sean explotadas.

Un llamado a la acción para Colombia

El avance de las ciudades inteligentes y la integración de IA generativa representan una transformación inevitable para mejorar la vida urbana, pero este potencial solo puede realizarse si se acompaña de estrategias de ciberseguridad que protejan tanto las infraestructuras como la confianza de los ciudadanos. Para Colombia, donde la tecnología se ha convertido tanto en una herramienta de progreso como en un terreno fértil para amenazas, este llamado a la acción no puede ser más urgente.

En un país donde la digitalización avanza rápidamente y las ciudades inteligentes ya comienzan a perfilarse como el futuro de la vida urbana, la ciberseguridad debe ser una prioridad de Estado. Las autoridades nacionales y locales, en colaboración con el sector privado y la academia, deben trabajar sin descanso en la creación de políticas de ciberseguridad avanzadas y en la formación de expertos capaces de anticipar, identificar y neutralizar amenazas cada vez más sofisticadas. La capacidad de una ciudad inteligente para resistir el cibercrimen depende de la infraestructura tecnológica, pero también de la preparación de quienes la operan y protegen.

Las experiencias en ciudades globales como Singapur, Estocolmo o Nueva York han demostrado que una colaboración pública-privada robusta y el intercambio constante de conocimientos entre instituciones gubernamentales, empresas tecnológicas y universidades son componentes esenciales para proteger la integridad de las ciudades inteligentes. En Colombia, iniciativas como estas deben adaptarse a nuestra realidad y expandirse para prevenir ataques que pueden no solo afectar infraestructuras críticas, sino poner en jaque la seguridad pública y la estabilidad social.

Es esencial que se invierta en el fortalecimiento de capacidades en inteligencia artificial y ciberseguridad. Crear programas de capacitación específicos para la protección de sistemas de IA generativa en áreas urbanas, alentar la formación de profesionales en ciberseguridad y fomentar el desarrollo de tecnologías locales de detección y respuesta a amenazas serán pasos claves para blindar las ciudades inteligentes del país. Además, es vital que estas iniciativas de ciberseguridad sean accesibles y aplicables a nivel local, adaptadas a las necesidades y los recursos específicos de cada ciudad y municipio.

La ciudadanía también juega un papel crucial en esta lucha invisible. Así como un alto grado de consciencia y responsabilidad es clave en la vida digital personal, es igualmente fundamental en la vida urbana digitalizada. Los ciudadanos deben ser conscientes de los riesgos y saber cómo reportar actividades sospechosas, tanto físicas como cibernéticas. En una sociedad que aprende y se adapta rápidamente, educar al público en seguridad digital puede marcar la diferencia entre una respuesta a tiempo y una vulnerabilidad explotada.

La batalla por la seguridad en las ciudades inteligentes es una contienda invisible, pero sus consecuencias son muy reales. La velocidad del desarrollo tecnológico exige que las políticas de seguridad se actualicen de manera constante y que las alianzas estratégicas se fortalezcan con compromiso y dedicación. Con una combinación de innovación, regulación y colaboración activa entre todos los sectores, Colombia puede avanzar hacia un modelo de ciudad inteligente que no solo sea eficiente y moderna, sino también segura y resiliente frente a las amenazas del futuro.

En definitiva, el llamado a la acción para Colombia debe ser contundente: el futuro de nuestras ciudades no solo dependerá de cuán inteligentes sean, sino de cuán capaces seamos de proteger su infraestructura digital y su población. El país tiene la oportunidad de ser pionero en Latinoamérica en la creación de ciudades inteligentes seguras, y esa oportunidad debe tomarse con la responsabilidad que exige la protección del bienestar colectivo. En este camino, la inversión en ciberseguridad y la formación de expertos son esenciales. Un compromiso decidido hoy garantizará que nuestras ciudades no solo prosperen en la era digital, sino que se mantengan resilientes y seguras para las generaciones futuras.