Hoy finaliza el calendario electoral en Colombia, con la votación para elegir las autoridades político-administrativas de las entidades territoriales. Uno de los mayores retos que enfrentarán es realizar procesos de planeación asertivos, que aborden integralmente los problemas públicos que afectan a la comunidad.
Es así, que la Policía Nacional como actividad previa al inicio de labores de los nuevos gobernadores y alcaldes, ha participado activamente en su capacitación en temas relacionados con la gestión territorial de la seguridad, para que en sus programas de gobierno se incorporen líneas de acción que sean consecuentes con la convivencia y seguridad ciudadana.
Construir un país seguro no es una labor que necesite adoptar medidas reactivas y aisladas. Se requiere el desarrollo de procesos de planeación basados en diagnósticos que se constituyan en verdaderos análisis de las realidades que se viven en cada territorio y, por supuesto, en programas y acciones que permitan acercarse desde diferentes dimensiones, a las manifestaciones de los fenómenos y hechos que afectan la convivencia y la seguridad.
El documento estratégico para esta tarea es el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana -PISCC-, como la herramienta a través de la cual es posible materializar el enfoque y los lineamientos de la Política de Defensa y Seguridad del Estado.
Construir un país seguro no es una labor que necesite adoptar medidas reactivas y aisladas
Como se observa el PISCC es la hoja de ruta de acuerdo con las competencias, funciones y atribuciones que la Constitución Política y la ley les ha otorgado a las autoridades territoriales, en relación con el manejo del orden público y la materialización de dos fines esenciales del Estado: la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana.
Este plan debe implementarse dentro de sus primeros seis meses de gobierno, convirtiéndose en la política pública de planeación estratégica para la seguridad y convivencia ciudadana, con proyectos que deben ser financiados con los recursos de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, creados en sus administraciones.
El PISCC debe estar alineado con los planes de desarrollo tanto departamentales y municipales, por lo cual es necesario que posean una estructuración clara en cuanto a todos los aspectos de seguridad pública y convivencia, a partir de los cuales se desprenderán todos los proyectos en este asunto, que deben atender la problemática de criminalidad.
En este sentido, recuerdo a las autoridades político-administrativas, su obligación de velar por la tranquilidad en sus regiones, las condiciones de seguridad, la promoción de la convivencia pacífica y la cultura de la legalidad que son fundamentales para garantizar una mejor calidad de vida de los ciudadanos y así alcanzar un desarrollo humano sostenible.
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