Luego de cumplirse las elecciones legislativas y la primera vuelta presidencial, en donde los colombianos participaron en la escogencia de senadores, miembros de la Cámara de Representantes y Presidente de la República para el siguiente cuatrenio; hoy se sella la jornada con la segunda vuelta presidencial, consolidándose como los comicios más seguros de los últimos años y con una de las participaciones más altas de toda la historia.
Igualmente, por primera vez en 54 años, más de 12 mil exmilitantes del desmovilizado grupo guerrillero FARC se encontraban habilitados para votar, quienes no se presentaron a estas elecciones para atacarlas violentamente sino para participar en ellas desde el punto de vista político y sin armas, un hecho histórico y sin antecedentes en los eventos electorales del país.
Gracias a la Constitución Política de 1991, que ratificó la tradición democrática que posee Colombia desde su independencia, permitiendo a todos los colombianos convertirse en agentes activos en los asuntos públicos, mediante la participación en los distintos espacios donde se manifiesta la voluntad popular, basado en tres pilares: la soberanía popular, la garantía y efectividad de los derechos políticos y la existencia de mecanismos de participación ciudadana, logrando que los colombianos controlen y evalúen la gestión pública, mediante el acompañamiento y la vigilancia del accionar de las entidades del Estado verificando su planificación para la solución a las necesidades de la comunidad.
Es entonces la obligación de todo ciudadano denunciar cuando tenga conocimiento de un delito electoral, con la finalidad de ayudar a preservar la democracia, salvaguardar la voluntad popular, ejercer su obligación constitucional de colaborar con el sistema de justicia, participar en el control de la certamen electoral como un proceso de interés público de primera importancia y así aportar a la paz porque contribuye a la transparencia de los comicios, que en principio deben generar armonía y consensos políticos y sociales.
Sino se denuncian los delitos electorales, contemplados en el Título XIV del Código Penal en sus artículos 386 al 396C, se permite que se impongan decisiones ilegítimas en los territorios, favoreciendo la participación de organizaciones y de líderes que no tienen compromiso real con los intereses de la comunidad, colocando en riesgo el futuro de todos, porque se le da la opción de poder a quienes prosperan al margen de la ley.
Además, se estaría siendo partícipes de una conducta delictiva al permanecer en silencio. La invitación es a denunciar cualquier anomalía que afecte la convivencia y la jornada electoral. Con la participación de todos, Colombia nuevamente vivirá unas elecciones seguras y en paz.
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