Las autoridades locales son aquellas que en cualquier Estado están más cerca de la vida cotidiana de los ciudadanos, las personas son la verdadera riqueza en las regiones. Los mandatarios deben tener entre sus prioridades, fortalecer el manejo de la convivencia y seguridad ciudadana con acciones encaminadas a procurar la concurrencia de los esfuerzos interinstitucionales.
En la interacción presente entre Estado y sociedad, la vida debe ser uno de los principales valores a proteger. Por ser el valor supremo, tienen que dirigirse todos los esfuerzos para conservarla, honrarla y valorarla, generando que la comunidad se movilice a defenderla cuando es vulnerada. Igualmente la delincuencia se percibe como una notable fuente de amenaza, la cual influye en la calidad de vida, hasta constituirse en uno de los primeros problemas que aquejan la convivencia ciudadana. La seguridad en un territorio y su entorno, afectan de manera positiva o negativa las condiciones sociales de la población.
La Constitución Política de 1991 otorgó a las autoridades político-administrativas, competencias, funciones y atribuciones en materia de seguridad y convivencia ciudadana, permitiendo fortalecer la gobernabilidad al respecto de estos asuntos, bajo el liderazgo de los gobernadores y alcaldes, así como con las demás autoridades locales de seguridad, policía y justicia quienes deben asumir, de manera coordinada, integral y preventiva, la gestión territorial de la seguridad ciudadana, en el marco de la descentralización del país.
Uno de los mayores retos que enfrentan las autoridades en Colombia, es realizar procesos de planeación asertivos, de forma metodológica y con un abordaje integral e interinstitucional, respecto de la manera como los mandatarios locales puedan atender los problemas de violencia, delincuencia e inseguridad, a través de los cuales se aborden integralmente y con una proyección a largo plazo las diferentes amenazas que afectan a la ciudadanía. Es necesario en todo caso emplear los instrumentos de gestión territorial como consejos de seguridad, comités de orden público, consejos de política pública, planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, entre otros, y concretar que se adapten al propósito central de generar condiciones óptimas de convivencia y seguridad.
Entonces, las autoridades político-administrativas no pueden descuidar o evadir la responsabilidad y liderazgo en la gestión de la seguridad ciudadana, ni la Policía puede asumir el monopolio en la aplicación de las estrategias, por el contrario se requiere una alianza estrecha y efectiva entre la Policía y las administraciones locales para que se generen las condiciones necesarias de convivencia.
Finalmente, construir de Colombia un lugar seguro no es una misión que requiera medidas circunstanciales y aisladas. La seguridad es un derecho y un bien público que contribuye a la convivencia y garantía de otros derechos consagrados en la Constitución y las normas.
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