La Policía Nacional alinea los objetivos planteados por el gobierno central con las políticas institucionales y los lineamientos de la dirección general. De esta forma, responde al cumplimiento de su mandato legal acerca de prestar un servicio profesional, respetuoso y efectivo al ciudadano, que garantice comunidades tranquilas, solidarias y en convivencia, con los más altos estándares de credibilidad, confianza y posicionamiento ante los colombianos.
Por lo anterior, la Institución enfrenta las amenazas a la seguridad y convivencia ciudadana a partir de una gestión holística que implica una ingeniería diferencial con enfoque en el territorio, de tal forma que le permita a la Policía Nacional comprender las dinámicas políticas, sociales, económicas y culturales que contribuyen al surgimiento de los fenómenos asociados al crimen y la violencia, para enfrentarlos efectivamente y consolidar la acción del Estado y mejorar la percepción de la ciudadanía en sus instituciones.
En este contexto, la Institución con el pleno de sus capacidades distribuidos a lo largo del país, mediante un direccionamiento estratégico en la gerencia de procesos y la gestión del talento humano, apoyados con la cultura institucional, instaurará un modelo de actuación en el territorio de la mano de iniciativas que trascienden el ámbito policial conformado por el desarrollo de las tareas propias del servicio misional relacionadas con la seguridad, la convivencia y la proximidad con el ciudadano.
Por consiguiente, es necesario la interrelación con las demás instituciones del Estado y la sociedad, teniendo como base la gobernabilidad, la legitimidad, la corresponsabilidad, la coordinación y focalización; con el propósito superior de promover la integración de esfuerzos y acciones con fines específicos para prevenir y contrarrestar los hechos y factores que afectan el sosiego ciudadano y de esta manera contribuir a la materialización de las políticas del gobierno.
Así, la doctrina de la Policía Nacional que define los parámetros de su actuación en el marco de los lineamientos de la dirección general y las políticas institucionales, genera que el servicio de policía por su misionalidad se convierta en un exponente de la gobernabilidad en la calle, al ser la autoridad que hace cumplir la Constitución y las Leyes de la República dentro de un ámbito de acción que apunta a la disminución de la violencia en el país y la erradicación de cualquier amenaza, con el propósito de alcanzar condiciones de seguridad óptimas.
El territorio -tanto urbano como rural- es el escenario fundamental para la consolidación de la convivencia en Colombia. El Estado debe focalizar sus esfuerzos para mejorar sus procesos en forma coherente y firme, en donde es necesario extender la cobertura de los servicios primarios prestados por la Nación con la finalidad de eliminar el imperio de la ilegalidad, la falta de gobernabilidad, el temor y la violencia; para lograr el fortalecimiento de la democracia.
En este orden de ideas, aunque en el país aún persiste una multiplicidad de actores armados ilegales que generan la violencia y aumentan la criminalidad, la Policía Nacional al ser uno de los representantes del Estado en la mejora de la seguridad en el territorio, mediante el enfoque de sus fortalezas como son la inteligencia, la participación ciudadana, las operaciones sostenidas y su cultura institucional. Además, con su devenir constitucional contribuye a la recuperación del tejido social para incentivar el desarrollo de las regiones y lograr así el progreso entero de la Nación.