La seguridad ciudadana surge como una prioridad para los habitantes del país, y aún más en esta etapa de la historia. Esta preocupación se evidencia en los sondeos de opinión y herramientas de seguimiento que informan sobre la calidad de vida en las ciudades, donde se evalúa, entre otros indicadores, la violencia y el crimen que afectan la seguridad ciudadana.
Exigiendo que en el mejoramiento de la seguridad se debe involucrar no solo la Policía, sino las autoridades, medios de comunicación y población en general.
Frente a la creciente demanda de seguridad ciudadana, surge el reto del Estado para responder efectivamente a todas las variables de inseguridad. Por lo que se debe entender que la seguridad ciudadana trasciende mucho más allá de la vigilancia restrictiva en las calles.
La gobernanza en seguridad ciudadana y justicia es una cadena de valor que debe integrar las distintas etapas del sistema de justicia criminal: la prevención, el control del crimen y la violencia, la disuasión, la aplicación de justicia y la reinserción social.
Por otra parte, la gobernanza y la seguridad ciudadana se fundamentan en dos aspectos: la legitimidad, sustentada en la aceptación de un marco legislativo que se expresa a través de normas e instituciones socialmente aceptadas; y la confianza de los miembros de la comunidad en que ese marco normativo será respetado y que todos serán tratados en igualdad de condiciones.
La gobernanza en seguridad ciudadana y justicia es una cadena de valor que debe integrar las distintas etapas del sistema de justicia criminal
Lo que ha aportado para que se genere un cambio en la construcción de política pública, con la demanda de la comunidad para verse involucrada en su implementación.
Igualmente, diferentes colectividades han construido una mayor injerencia en los temas públicos. La seguridad no es la excepción. Han surgido grupos sociales y económicos que demandan participación o a quienes se les demanda su participación en los temas de la seguridad.
Adicionalmente, en la división de tareas en el interior del Estado, las administraciones locales se han convertido en generadores de política pública sobre seguridad ciudadana.
Con el propósito de reducir la brecha en seguridad, la gobernanza en la seguridad ciudadana depende de un fortalecimiento político e institucional, para mejorar las capacidades técnicas de los servidores públicos y agentes decisores, que permitan contribuir a la gestión de las políticas en seguridad ciudadana y el desarrollo socio-económico y la integración social, mediante la generación de políticas que satisfagan las necesidades básicas de la comunidad.
La relación entre gobernanza y la seguridad ciudadana es necesaria, sin la primera no es posible la segunda, sin una articulación para consolidar los objetivos no es posible lograr un Estado social de Derecho.
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