Los orgullosos e imponentes incas nunca hubiesen imaginado que una ciudad, utilizaría el nombre que ellos le daban a una forma de transporte muy rudimentaria de cruzar los precipicios de la agreste geografía peruana, para trasladar carga y personas en arcaicos calambucos, por el rio que en lengua quechua era conocido por sus habitantes como Hatunmayo (rio grande), actualmente rio Mantaro. La referencia a esta manera de locomoción de la época, es hoy vergüenza en su país y olvido de Suramérica: La Oroya, capital de la provincia de Yauli, a poca distancia de Lima y punto intermedio entre la selva central y la costa del Perú, es el lugar en donde la gente está condenada a muerte antes de los 40 años de edad.
La desgracia de La Oroya comenzó en 1922, cuando se convirtió en un centro de operaciones metalúrgicas. Desde aquella época la vida de sus 33 mil habitantes gira en torno a las necesidades de la fundición, industria responsable de la generación de nubes llenas de metales pesados que se emiten constantemente al medio ambiente, por chimeneas que parecen ser las dueñas del cielo local. La mayoría de la población poseen plomo y otros agentes tóxicos envenenando sus cuerpos, y muchos sufren enfermedades respiratorias crónicas.
El Instituto Blacksmith (2013) de Nueva York catalogó a La Oroya como la quinta ciudad menos recomendable para vivir en el planeta, encontrándose al mismo nivel de Chernobyl, que fue arrasada por un desastre nuclear y superando a la población de Linfen, en China, que contamina con carbón a 3 millones de seres humanos.
A todas luces, el caso de La Oroya es muy preocupante por el impacto negativo sobre las personas residentes y la naturaleza, y algo relevante que surge de la situación es pensar en cuántas “Oroyas” más hay en Latinoamérica y especialmente en Colombia. Como país rico en recursos naturales, desde los gobiernos locales se debe actuar y defender los intereses de los ciudadanos, evitando se destruya el medio ambiente y se consuma el último aliento de la tierra, empobreciendo y enfermando a las comunidades.
Ante este panorama el compromiso de los empresarios también debe ser promover y actuar con un cambio de mentalidad hacia los mercados, ya que no se trata de liquidar la industria, pero sí combatir la personalidad psicópata que poseen algunas. Las empresas pueden desarrollar cualquier tipo de modelo de negocio, siempre que tengan un propósito lícito y no exista una prohibición por disposición de la ley para que desempeñen sus actividades, y la finalidad de estas no sea a costa de la comunidad y el medio ambiente, como personas jurídicas, tienen derechos amparados por la ley similares a los de una persona natural, sin embargo ostentan obligaciones que les imposibilita la opción de atropellar a la población y su entorno.
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