Arquitectura de decisiones para la seguridad ciudadana en 2025

La seguridad ciudadana es un pilar esencial de cualquier sociedad, y enfrenta un reto crítico en Colombia para el 2025: reducir los delitos de impacto como homicidios, hurtos y extorsiones. Ante un contexto de complejidad creciente surge la necesidad de abordar estos desafíos desde perspectivas innovadoras, más allá de las políticas represivas tradicionales. Aquí es donde los principios del libro “Un pequeño empujón (nudges)” de Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler cobran relevancia. La “arquitectura de decisiones”, propuesta por estos autores, ofrece un marco poderoso para rediseñar la interacción entre ciudadanos, instituciones y políticas públicas en busca de una convivencia más segura y sostenible.

Históricamente, las políticas de seguridad en Colombia se han centrado en enfoques reactivos, al priorizarse la vigilancia, el control y la sanción. Aunque estas estrategias tienen un lugar importante, han mostrado limitaciones para abordar las causas estructurales del crimen y fomentar la corresponsabilidad ciudadana. Según el Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional en su informe “Panorama de seguridad en Colombia” para el primer semestre del 2024 indica que una gran proporción de delitos, en particular los hurtos y extorsiones, ocurre en contextos donde la oportunidad y la percepción de impunidad juegan roles determinantes.

El 2025 ofrece la oportunidad de transformar la seguridad ciudadana en Colombia mediante la aplicación de enfoques innovadores. Pequeños empujones diseñados con propósito pueden generar grandes cambios en la convivencia. Es momento que las autoridades rediseñen las decisiones y planteen entornos para construir una sociedad más segura y equitativa. Al igual, las autoridades y ciudadanos deben actuar unidos, comprometiéndose a edificar un futuro donde la seguridad sea el resultado de la colaboración y la confianza mutua.

Colombia tiene la capacidad y los recursos para ser un referente en seguridad ciudadana sostenible. Pero este cambio solo será posible si todos estamos dispuestos a rediseñar nuestras decisiones y nuestro entorno con propósito y visión.

Para lo cual al adoptarse metodologías planteadas como la “nudges” se introduce una perspectiva disruptiva en la toma de decisiones que oriente a los individuos hacia comportamientos deseables sin restringir su libertad de elección, al facilitarse decisiones que beneficien a las personas y a la comunidad sin imponer restricciones innecesarias. Aplicar este enfoque a la seguridad ciudadana puede significar un cambio de paradigma al dirigir los esfuerzos en diseñar entornos que prevengan el delito, empoderen al ciudadano y optimicen el funcionamiento de las instituciones.

De la misma forma, promover el fortalecimiento de la accesibilidad y confianza en mecanismos de denuncia, será una pieza clave para combatir el crimen, por ejemplo, un “empujón” efectivo podría ser la simplificación de los procesos de denuncia, ya que Colombia, según el Barómetro de Confianza 2024 de la consultora Edelman, el 69% de los habitantes desconfían de las autoridades gubernamentales y desconocen los canales disponibles para acceder a la justicia. 

Es necesario, fomentar reformas institucionales basadas en liderazgo ético y gobernanza corporativa. Las políticas de seguridad no pueden desligarse de la calidad institucional. Para el 2025 es crucial que las autoridades implementen prácticas de gobierno corporativo que fortalezcan la ética y la transparencia en la gestión pública. 

Es imperativo que las autoridades locales y nacionales prioricen estrategias que combinen ciencia conductual con planificación urbana y gobernanza ética. A su vez, la ciudadanía debe asumir un rol activo, al comprenderse que la seguridad es una responsabilidad compartida. Pequeños empujones, cuando se implementan estratégicamente, pueden generar grandes transformaciones. Colombia tiene la capacidad y los recursos para ser un referente en seguridad ciudadana sostenible. Pero este cambio solo será posible si todos estamos dispuestos a rediseñar nuestras decisiones y nuestro entorno con propósito y visión.

Publicada en: https://www.kienyke.com/columnista/jimmy-bedoya

2024: finaliza un año de retos en seguridad y convivencia

El año 2024 será recordado como un periodo decisivo en la historia de la seguridad ciudadana y la convivencia en Colombia. Las demandas crecientes de los ciudadanos por espacios más seguros y armoniosos se confrontaron con desafíos estructurales, incluyendo el aumento en la percepción de inseguridad y las altas tasas de victimización en varias regiones del país. Sin embargo, también fue un año marcado por el esfuerzo independiente de la Fuerza Pública y de algunos mandatarios locales para contrarrestar la criminalidad y la violencia, así como la participación activa de algunas comunidades y del sector empresarial del país.

La percepción de inseguridad en Colombia continúa siendo alarmante. Al mes de noviembre la Policía Nacional reportaba 10.902 homicidios en el país, y según la encuesta de Invamer para el mismo mes informa que el 68% de los colombianos se siente inseguros en su entorno, y considera que la seguridad va por el camino equivocado, lo que refleja una aprehensión generalizada de inseguridad en el país. Además, en ciudades principales como Bogotá y Cali se han reportado altos índices de robos y niveles de violencia, contribuyendo a esta sensación negativa.

Es necesario adoptar para el año 2025 un enfoque más proactivo que considere las dinámicas sociales y territoriales del país. Por ejemplo, debemos tomar las enseñanzas de Barry Buzan en su libro “Security: A New Framework for Analysis”, en donde plantea que la seguridad debe entenderse desde una perspectiva multidimensional, que abarque no solo la protección frente a amenazas físicas, sino también la percepción psicológica de estabilidad. En este sentido, los retos de Colombia para la próxima anualidad tienen que trascender de lo material y exigen una redefinición de las estrategias gubernamentales para abordar la seguridad desde ángulos económicos, sociales y culturales.

De cara al 2025 es imperativo que Colombia se anticipe a los desafíos emergentes, y las autoridades se inspiren en las ideas de Gabriele Rizzo y Anthony Masys en “Handbook of Foresight, Strategy, and Futures Studies for Defense and Security,” para que planteen una hoja de ruta enfocada en la importancia de integrar la prospectiva estratégica en la formulación de políticas de defensa y seguridad, al promover un enfoque que reaccione más allá de las amenazas actuales y prevea futuros escenarios y desafíos, al permitirle a las instituciones adaptarse proactivamente a un entorno en constante cambio.

Como sociedad, debemos entender que la seguridad es un esfuerzo colectivo que requiere compromiso, innovación y colaboración constante. Solo así podremos transformar el 2025 en un año de mayor estabilidad y esperanza para todos los colombianos.

Para lo cual propongo las siguientes iniciativas en tres frentes a explorar, primero, la creación de centros de “Foresight en seguridad”, liderados por equipos interdisciplinarios que por medio de herramientas de Inteligencia Artificial y Big Dataanalicen tendencias criminales y prevean riesgos. Esta metodología permitiría diseñar políticas públicas más adaptativas y proactivas.

Segundo, integrar las comunidades en el diseño de políticas, la participación ciudadana no tiene que limitarse a encuestas de percepción. En cambio, se debe crear “mesas de seguridad” donde líderes comunitarios trabajen directamente con autoridades administrativas para co-crear soluciones mediante políticas públicas acordes al territorio y no al capricho de los mandatarios locales.

Tercero, es crucial incrementar la educación en cultura de seguridad y convivencia, mediante la implementación de programas educativos que promuevan valores como el respeto y la resolución pacífica de conflictos. Este proyecto debe iniciarse en escuelas y extenderse a campañas de sensibilización pública, con procesos claros y rendición de cuentas continua para hacer seguimiento a los avances de la iniciativa.

El balance de 2024 en seguridad ciudadana y convivencia nos muestra que hay mucho por hacer. A las autoridades les compete priorizar el uso de tecnologías avanzadas y metodologías prospectivas para anticiparse a los retos del futuro. Por su parte, la ciudadanía debe asumir un rol activo, al participar en la construcción de entornos más seguros. Como sociedad, debemos entender que la seguridad es un esfuerzo colectivo que requiere compromiso, innovación y colaboración constante. Solo así podremos transformar el 2025 en un año de mayor estabilidad y esperanza para todos los colombianos.

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La pareidolia de la seguridad: políticas públicas y la ilusión del control

En Colombia, hablar de seguridad suele evocar imágenes de capturas masivas, incautaciones espectaculares y operativos en vivo transmitidos por las redes sociales. Estos momentos generan un respiro pasajero en la opinión pública, una sensación de que se está ganando la lucha contra el crimen. Sin embargo, detrás de estas métricas superficiales se esconde una realidad incómoda: la mayoría de las políticas de seguridad fomentan más la apariencia de control que soluciones reales. Es un fenómeno que podría llamarse “pareidolia de la seguridad”, donde las autoridades perciben patrones de éxito en indicadores que, en contexto, no logran transformar los problemas estructurales.

Esta desconexión entre percepción y realidad no es un fenómeno exclusivo de Colombia, pero aquí encuentra terreno fértil. El reciente reporte del Sistema de Planeación Territorial (SisPT) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ilustra esta problemática. Esta herramienta, diseñada para permitir a las alcaldías y gobernaciones construir y hacer seguimiento a sus Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), ha sido adoptada por apenas el 57% de las entidades territoriales en 2024. La cifra no solo refleja fallas en la implementación, sino una preocupante falta de compromiso con la planificación estratégica en seguridad. Aún más inquietante es que, incluso cuando estos planes se digitalizan en el sistema, pocos contienen estrategias que apunten a transformar las raíces de la criminalidad, como la exclusión social, la inequidad o la falta de acceso a la justicia.

El problema de raíz radica en cómo entendemos el éxito en seguridad. Como advierte Spencer Coursen en “The Safety Trap”, es fácil caer en el ardid de priorizar una sensación de seguridad en lugar de enfrentar las amenazas reales. En el país esta trampa se manifiesta en operativos relámpagos según la temporada del año y dependen también de algún fenómeno criminal mediático que buscan apaciguar el miedo colectivo sin abordar las condiciones que perpetúan la violencia. Esta dinámica está profundamente influenciada por lo que Daniel Kahneman, en “Pensar rápido, pensar despacio”, llama el pensamiento acelerado: decisiones impulsivas y reactivas que satisfacen necesidades inmediatas, pero carecen de la reflexión analítica necesaria para generar cambios de fondo. 

Factores como la percepción ciudadana, el acceso a oportunidades económicas y la cohesión social son tan relevantes como las incautaciones y las capturas. El llamado es claro: abandonar las ilusiones de control y enfrentar la complejidad de la seguridad con estrategias innovadoras, reflexivas y sostenibles. 

James C. Scott, en su obra “Seeing Like a State”, describe cómo los gobiernos suelen simplificar la complejidad social para medir y gestionar políticas públicas. En el caso colombiano esto se traduce en una obsesión por indicadores que son fáciles de contabilizar pero insuficientes para evaluar el impacto real. Mientras tanto, los factores que sostienen la criminalidad como la exclusión económica, la fragmentación comunitaria y la corrupción, permanecen fuera del radar de las políticas de seguridad. Este enfoque desconoce las particularidades de las comunidades locales y las dinámicas sociales, y debilita cualquier intento de generar un cambio duradero.

Experiencias internacionales ofrecen una perspectiva valiosa, por ejemplo, Portugal con su política de descriminalización de drogas ha demostrado que abordar las causas subyacentes, como la adicción, puede ser más efectivo que las respuestas punitivas. Por su parte, Islandia a través de programas comunitarios enfocados en la juventud, logró reducir significativamente la violencia y el consumo de sustancias psicoactivas. Estos casos comparten un denominador común: la combinación de datos rigurosos, enfoques preventivos y la participación activa de las comunidades en el diseño de políticas. Mientras tanto, en Colombia, el SisPT, a pesar de su potencial, no ha logrado consolidarse como una herramienta transformadora debido a su baja adopción y a la falta de voluntad política de las autoridades territoriales para integrar sus registros en estrategias reales.

Ante esta realidad, es urgente replantear cómo se entiende y ejecuta la seguridad en el país en el corto, mediano y largo plazo. Más allá de capturas y operativos que son respuesta de abreviado alcance, se necesita un enfoque que integre evaluación independiente, participación ciudadana y datos cuantitativos que reflejen impactos duraderos. La auditoría externa es clave para evitar que las políticas se conviertan en ejercicios de autoengaño. Instituciones independientes y objetivas deben analizar los resultados y proponer ajustes en tiempo real. Además, involucrar a las comunidades en la creación de políticas no solo aumenta su pertinencia, sino que fortalece la confianza ciudadana en las instituciones. Finalmente, las métricas deben ir más allá de lo numérico. Factores como la percepción ciudadana, el acceso a oportunidades económicas y la cohesión social son tan relevantes como las incautaciones y las capturas. El llamado es claro: abandonar las ilusiones de control y enfrentar la complejidad de la seguridad con estrategias innovadoras, reflexivas y sostenibles. 

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Ciberseguridad en 2025: innovar o sucumbir

Para 2025 el panorama de la ciberseguridad se vislumbra en una encrucijada, producto de la acelerada convergencia entre el mundo digital y el físico, que ha transformado nuestras sociedades y economías en una interdependencia, cada vez con mayor vulnerabilidad a los ciberataques. Como lo expone Kim Zetter en “Countdown to Zero Day”, la historia nos ha mostrado que los ataques cibernéticos pueden tener consecuencias devastadoras, y es precisamente esa capacidad de destrucción la que enfrentamos hoy en una escala exponencial.

El desafío a encarar radica en la continua evolución de las técnicas de los ciberdelincuentes, y en nuestra capacidad para adaptarnos y proteger lo que está en juego: desde los datos sensibles de ciudadanos y gobiernos hasta la estabilidad económica global. Resulta elemental comprender que solo a través de una innovación constante y la adopción de estrategias proactivas podremos evitar que el cibercrimen supere las defensas actuales y, en última instancia, frene el avance de la sociedad digital.

El cibercrimen ha evolucionado desde simples ataques de malware a una industria compleja y altamente rentable. El ransomware-as-a-service (software malicioso comercializado digitalmente) es un ejemplo claro de la profesionalización de la ciberdelincuencia. Según un informe de Cybersecurity Ventures, se estima que los daños globales por la criminalidad cibernética alcanzarán los 10.5 billones de dólares anuales para 2025. Esta cifra refleja el impacto económico directo y las repercusiones a largo plazo, como la pérdida de confianza en las infraestructuras digitales y la vulnerabilidad de sectores clave como la salud, la educación y los servicios públicos.

En ese sentido, la adopción de tecnologías disruptivas son fundamentales para mantener la seguridad en un mundo cada vez más digitalizado. Un concepto clave que emerge como respuesta a las amenazas actuales es el modelo “Zero Trust”, que promueve una estrategia de seguridad basada en la verificación continua de todas las solicitudes de acceso, sin importar la ubicación del usuario dentro o fuera de la red corporativa. Según Rick Howard en “Cybersecurity First Principles”, este enfoque permite cerrar las brechas de seguridad que existen en los modelos tradicionales, que asumían que los usuarios dentro de la red eran confiables por defecto.

Por su propia naturaleza, la ciberseguridad implica un abordaje conjunto dentro y fuera de la red que obstaculice las amenazas al minimizar los daños que trasciendan fronteras y, por lo tanto, se necesita una cooperación internacional efectiva. Así lo manifiesta, Ben Buchanan en “The Hacker and the State”, al argumentar que se debe posicionar el ciberespacio como un terreno esencial en el poder estatal moderno, al destacar que la competencia en este ámbito ya no es opcional, y es una necesidad estratégica en el futuro, en donde los Estados que no desarrollen capacidades cibernéticas robustas estarán en desventaja frente a aquellos que lideren en esta área.

El panorama de ciberseguridad en Colombia exige un cambio radical en las estrategias de defensa para el 2025, en donde es esencial que las autoridades implementen una serie de medidas inmediatas, como la construcción de una cultura digital resiliente, impulsar la adopción de tecnologías revolucionarias como Zero Trust en los sectores público y privado, para asegurar una defensa más sólida y ágil.

El cibercrimen se está sofisticando a un ritmo alarmante, y las defensas actuales parecen ser insuficientes para hacerle frente. En 2025, si no se adoptan medidas innovadoras y proactivas en ciberseguridad, el impacto de los ataques cibernéticos podría paralizar economías enteras, desestabilizar gobiernos y poner en riesgo la privacidad de millones de personas. 

Como sociedad, tenemos que comprender que la ciberseguridad es un asunto urgente y colectivo. Las autoridades colombianas y la ciudadanía deben ser conscientes de la magnitud de los riesgos y actuar en consecuencia, implementar medidas de seguridad avanzadas, adoptar tecnologías emergentes y colaborar a nivel global. El futuro de la seguridad digital depende de nuestra capacidad para transformarnos. Innovar o sucumbir, esa es la disyuntiva que enfrentamos.

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Bogotá en el laberinto: ¿Por qué la desconexión social alimenta la inseguridad?

La inseguridad en Bogotá no es solo un problema de criminalidad, es además de cohesión social. Según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE (2023), el 83,8% de los habitantes de la capital se sienten inseguros. Los espacios públicos deteriorados, la falta de interacción comunitaria y el debilitamiento del tejido social han convertido a la ciudad en un lugar donde la percepción de inseguridad es una experiencia cotidiana. Si estudiamos los planteamientos de Paul Martin en “The Rules of Security: Staying Safe in a Risky World”, entenderemos que la seguridad no depende solo de policías o cámaras, implica por sobre todo estrategias que fortalezcan comunidades conectadas y resilientes.

Zonas como San Victorino reflejan el impacto de políticas urbanas insuficientes para enfrentar la criminalidad. Ante la temporada de fin de año, las autoridades intensifican controles en este sector de la ciudad, pero estas medidas no involucran combatir las causas profundas. Estudios muestran que comunidades cohesionadas son menos propensas a la violencia. En Bogotá, sin embargo, la falta de espacios públicos seguros y la fragmentación social aumentan la percepción de inseguridad y los riesgos reales.

Robert Muggah, experto en seguridad urbana, desarrollo internacional y diseño de ciudades resilientes, señala que la cohesión social es clave para reducir la criminalidad urbana. Ciudades como Medellín y São Paulo han demostrado cómo revitalizar espacios públicos y fortalecer redes comunitarias transforma realidades violentas. En Bogotá, barrios desconectados, parques abandonados y una sensación de aislamiento reflejan una crisis de cohesión social que impacta la seguridad.

La cohesión social no es solo un objetivo, sino un medio para mejorar la seguridad. Vecinos conectados son más propensos a cooperar, denunciar delitos y participar en actividades comunitarias. Sin embargo, esto requiere políticas urbanas centradas en las personas y no solo en el control del delito.

Ciudades como Barcelona y Medellín ofrecen ejemplos inspiradores. Barcelona, con sus supermanzanas, ha creado espacios seguros para peatones y fomentado interacción comunitaria. Medellín transformó barrios marginales con escaleras eléctricas, bibliotecas y parques que fortalecen la cohesión social.

…como argumenta Muggah, la seguridad nace de comunidades resilientes y cohesionadas. Si Bogotá se abre a una construcción diferencial en el abordaje de la seguridad lograría un enfoque que la destaque como una ciudad innovadora, segura, inclusiva y vibrante.

Bogotá, en cambio, sigue careciendo de planificación a largo plazo. Modelos como crime prevention through environmental design (CPTED), que integran urbanismo y seguridad, podrían ser claves. La inversión en infraestructura social y espacios públicos accesibles es crucial para reducir la criminalidad.

San Victorino es un ejemplo de los desafíos de la ciudad. Este sector comercial enfrenta inseguridad por falta de control efectivo y deterioro urbano. Operativos temporales como los navideños no resuelven problemas como la exclusión social, el desempleo y la desvalorización del espacio público.

El estado de los parques y plazas es otro tema alarmante. Espacios que deberían ser puntos de encuentro son ahora zonas de riesgo. Esto limita la interacción comunitaria, debilitan aún más el tejido social y afectan la calidad de vida.

Parte de la solución al desafío de la inseguridad en Bogotá conlleva la integración social, más allá de recursos policiales. Es necesario abordar las causas sociales y urbanísticas que perpetúan la criminalidad y el miedo. Bogotá puede salir del laberinto si reconstruye su tejido social.

La seguridad no es solo responsabilidad del gobierno, cada ciudadano tiene un rol. Cuidar espacios públicos, participar en iniciativas comunitarias y promover la interacción fomenta cambios significativos y vivifica las comunidades; como argumenta Muggah, la seguridad nace de comunidades resilientes y cohesionadas. Si Bogotá se abre a una construcción diferencial en el abordaje de la seguridad lograría un enfoque que la destaque como una ciudad innovadora, segura, inclusiva y vibrante.

Pública en: https://www.kienyke.com/columnista/jimmy-bedoya

Seguridad pública 2.0: retos de la IA en ciudades conectadas

La integración de la inteligencia artificial en la seguridad pública ha transformado las ciudades modernas. Sin embargo, la promesa de una respuesta más rápida y eficiente ante emergencias y la prevención de delitos convive con preocupantes desafíos, como el aumento del cibercrimen y los costos económicos y sociales derivados. Según el más reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen y la violencia generan un costo de hasta el 3.5% del PIB en algunas regiones de América Latina, lo que revela una urgencia crítica: si no actuamos de manera proactiva, la irrupción de la IA en la seguridad urbana puede convertirse en un arma de doble filo.

Las ciudades inteligentes emplean la IA en múltiples sistemas de seguridad pública: desde la gestión del tráfico hasta la vigilancia predictiva y los centros de control inteligentes. Esta revolución tecnológica promete no solo mejorar la eficiencia operativa de las instituciones encargadas de la seguridad, sino también anticipar situaciones de riesgo con una precisión sin precedentes. Aun así, estos sistemas también son vulnerables a ciberataques sofisticados, lo que plantea una nueva dimensión de inseguridad.

Tomemos el ejemplo de Singapur, este Estado isleño es uno de los más avanzados en la implementación de soluciones de IA, con un despliegue de redes de cámaras inteligentes que utilizan algoritmos para detectar comportamientos sospechosos y alertar a las autoridades en tiempo real. No obstante, este nivel de sofisticación ha venido acompañado de intentos de ciberataques que, de ser exitosos, podrían paralizar servicios críticos. Esta realidad lleva a cuestionar cómo proteger la infraestructura de seguridad digital y a preguntarnos: ¿Estamos preparados para un nuevo tipo de amenaza?

La IA tiene el potencial de revolucionar la seguridad pública en múltiples frentes: algoritmos capaces de identificar patrones delictivos en datos masivos como informes policiales y redes sociales, puede anticipar amenazas y asignar recursos preventivos, a su vez, los sistemas de IA permiten a los cuerpos de seguridad gestionar sus operaciones con mayor eficiencia al asignar personal y vehículos de emergencia en tiempo real según la criticidad de cada evento. Y por supuesto, la IA analiza imágenes de cámaras de seguridad y detecta anomalías que pasarían desapercibidas para los seres humanos lo que es una ventaja para reducir los tiempos de respuesta de los agentes de seguridad.

…es urgente que en Colombia se implementen estrategias preventivas y de colaboración. Las autoridades y la ciudadanía deben tomar un papel activo en la construcción de ciudades más seguras, no solo desde un enfoque físico, sino también digital.

Regresemos entonces a la otra cara de la IA, en el informe del BID se revela que los costos asociados al crimen no solo se limitan a daños materiales, sino que incluyen una reducción en la productividad y un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos y ahora con la IA en juego las cifras pueden dispararse. Los ciberataques a sistemas de seguridad pública tenderán a desatar un caos sin precedentes, por ejemplo asaltos con ransomware (software malicioso) para bloquear sistemas sensibles sobre informaciones judiciales, ataques de denegación de servicio (DDoS) que saturan los sistemas de llamadas de emergencia, retrasando la atención a incidentes críticos, y la manipulación de señales de tráfico o cámaras de vigilancia, que puede causar caos urbano o desproteger áreas vulnerables. 

Frente a estos desafíos es necesario un enfoque proactivo y multilateral para garantizar que la seguridad pública 2.0 no se convierta en una amenaza para sí misma. Es crucial que las ciudades desarrollen una infraestructura robusta de ciberseguridad que no solo proteja los datos, sino también los algoritmos y las redes de IA. Esto implica inversiones continuas en innovación y formación de expertos en ciberdefensa. Al igual, las empresas tecnológicas y los gobiernos deben colaborar para desarrollar estándares de seguridad en los sistemas de IA. 

En el contexto colombiano, la situación es particularmente delicada. El país ha avanzado en la adopción de tecnologías inteligentes, y esto implica enormes desafíos en términos de ciberseguridad. Un ataque a la infraestructura digital de seguridad podría tener repercusiones catastróficas, especialmente en un entorno donde las organizaciones criminales y las amenazas delictivas son ya de por sí una constante preocupación.

Por ello, es urgente que en Colombia se implementen estrategias preventivas y de colaboración. Las autoridades y la ciudadanía deben tomar un papel activo en la construcción de ciudades más seguras, no solo desde un enfoque físico, sino también digital. Se necesita un esfuerzo conjunto para que la seguridad pública 2.0 sea un instrumento de paz y no un nuevo campo de batalla para el crimen organizado.