De pandillas, maras, cárceles y Bukele
En el año 2017, fui miembro de un grupo de integrantes de la Policía Nacional de Colombia que cumplió funciones de asesoría a la Policía de Honduras. Esa experiencia me permitió ser testigo de excepción de la situación vivida en dicho país y en Centroamérica ocasionada por el desborde de las pandillas y maras, principales generadores de violencia en esa región.
Por ejemplo, en Honduras el homicidio alcanzó un crecimiento de 181% entre 2004 y 2011. En 2004 su tasa de homicidio era de 30,7 por 100 mil habitantes y en 2011 de 86,5 por 100 mil habitantes; su tope más alto en los últimos años. En el año 2023 este delito se ubicó allí en una tasa de 35,1 por 100 mil habitantes.
En cuanto a El Salvador, décadas de ineficiencia política y de violencia delincuencial causada por las maras lo mantenía en el centro del radar de la violencia en la región. En 1994 la tasa de homicidio era de 134,8 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cifras que han venido a la baja desde Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019. Al finalizar el 2023 la tasa de homicidios fue de 2,4 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales de su ministerio de seguridad.
Solo para tener un punto de referencia, al inicio de la década de los 90, Colombia llegó a niveles de 86 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y aunque la tasa de homicidios en el país ha experimentado una reducción significativa, al cierre del 2023, este índice se promedió en 25,36 por cada 100 mil habitantes, una cifra que comparada con el resto del globo es escandalosa.
Se estima que El Salvador cuenta con un aproximado de 70 mil pandilleros, cifra fácilmente duplicable por el arraigo de la cultura pandillera en los sectores urbanos marginados. Las maras surgieron tras el cese de la guerra civil en 1992, y se fortalecieron con el marcado nivel de desigualdad vivida por muchos años y la incursión del narcotráfico en las actividades diarias del país. Las dos organizaciones pandilleras más reconocidas y violentas son la “Mara Salvatrucha” y la “Mara Barrio 18”.
Bukele desde su primer mandato, y reelegido al inicio del mes de febrero para cinco años más, ha sido tajante en la lucha contra las pandillas y las maras. En marzo de 2022 decretó el estado de emergencia tras una oleada de asesinatos cometidos por estos delincuentes, a los cuales los califica como terroristas. La estrategia ha debilitado las principales pandillas del país, y sus miembros detenidos purgan sus condenas en megacárceles de máxima seguridad.
…necesitamos políticos con vocación y preparación para asumir los retos de gobernar un país que transita en medio de la esperanza de un cambio que se queda corto, y la agonía de advertir perdidos los avances de décadas en materia de orden público.
La denominada “doctrina Bukele” ha dirigido las miradas a este país y en especial a su presidente. Su estrategia de mano fuerte muestra una férrea voluntad política de mejorar las condiciones de seguridad de su territorio, lo que causa ambivalencias en la región. Sin embargo, sus resultados no pueden ocultarse, los indicadores demuestran una drástica reducción de los crímenes violentos en más del 90%.
En cuanto a Colombia, la situación de seguridad es compleja al día de hoy. Los avances en materia de política criminal y de seguridad se han obstaculizado y mientras presenciamos el aumento de poder de un puñado de grupos criminales que han focalizado sus rentas criminales en el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, lavado de activos, el contrabando y la extorsión.
Hoy, se reporta por parte de Coordinadora Humanitaria más de mil violaciones del cese al fuego pactado con el ELN y las disidencias de las FARC. Los indicadores de seguridad consolidados al final del 2023 señalan un incremento de la violencia. Al igual, la lucha antinarcóticos en su proceso de erradicación disminuyó en un 71% y las hectáreas cultivadas con hoja de coca llegaron a las 300 mil en 2023. Asimismo, la Fuerza Pública se ve en apuros para atacar los réditos criminales de estas organizaciones delincuenciales.
Por otra parte, la coyuntura en las cárceles del país es absurda, y en este periodo de gobierno no se observa el planteamiento de medidas para salir de esta debacle histórica. Los centros penitenciarios están sobrepoblados casi un 55%, desbordados por la corrupción y las economías delincuenciales; un tercio de los internos aún no han sido condenados, y la totalidad de la población carcelaria está en lamentables condiciones sanitarias.
El reto de Colombia en materia de seguridad pública requiere la atención de todos los niveles del Estado para su intervención y de un profundo trabajo interinstitucional para romper la mezcla de crimen transnacional, bandas locales y nuestros problemas tradicionales de seguridad. Aunque el modelo Bukele de cierta manera funciona en territorio salvadoreño, no es necesario dar tal poder o tal posibilidad al actual gobierno que incluso ya piensa que securitizando la seguridad va a lograr resultados de fondo.
Entre tanto, necesitamos políticos con vocación y preparación para asumir los retos de gobernar un país que transita en medio de la esperanza de un cambio que se queda corto, y la agonía de advertir perdidos los avances de décadas en materia de orden público. Entonces, la disyuntiva se centra en cómo abordar de forma articulada la seguridad proveniente del accionar de la Fuerza Pública que contrarresta la criminalidad y la seguridad derivada del enfoque social (educación, empleo y salud) de manera que se rompa el ciclo vicioso de los fenómenos perpetuadores de la violencia. Un país es viable cuando ambos tipos de seguridad son focalizados a través de la construcción e implementación de políticas públicas que los valoren por igual.
Publicada en: https://www.kienyke.com/columnista/jimmy-bedoya