Madre y mujer policía

En el presente mes que inicia se elogia a las mujeres que son mamás. Con el Día de las Madres, fecha convertida en una actividad comercial y con un alto despliegue de mercadotecnia, pero que es muy especial por lo que significa una madre en el desarrollo de la sociedad. En Colombia se celebra en el mes de mayo en su segundo domingo, desde 1914.

Es mi deber dedicarles esta columna a las más de 16.000 mujeres que integran la Policía Nacional, quienes en un alto porcentaje son madres de familia. La rutina de una madre que es miembro de la Policía Nacional, es aún más difícil a la de las demás mamás. Su día normal inicia desde la madrugada, preparan con mucho amor el desayuno a sus hijos y sus compañeros, tan solo comparten con ellos una o dos horas en la mañana; para luego tener que despedirse y ausentarse por casi 18 horas diarias. Ser mamá y prestar su servicio como policía, arriesgando su integridad, es una ardua labor y ésta la realizan sin llamamientos ni miramientos, aunque los dos roles necesitan gran atención y tiempo. Debemos reconocer en todas nuestras uniformadas que son madres, unas mujeres valerosas de carne y hueso, que viven sacrificios, que sienten y aman.

Tienen que alejarse de los momentos especiales de sus hijos a raíz de su profesión, muchas no logran ver como aprenden a caminar y como dicen sus primeras palabras; y algunas incluso no alcanzaron a verlos crecer, por dar su vida en defensa de los colombianos. ​Pero pese a todo, su labor es doblemente aplaudida, por la comunidad en general y por su propia familia. Ellas dejan ver el amor de unas mujeres con vocación, que sobrepasa las adversidades por el valor que le dan a su trabajo; saben que todo lo compensa, entienden que desde su profesión como policías, protegen y defienden a diario a otros niños y niñas en nuestro territorio, actividad invaluable ya que se trata de forjar un mejor futuro para nuestra sociedad. 

Recordemos a las primeras mujeres que fueron incorporadas a la Institución cuando transcurría el año 1953. El ingreso a la Policía de mujeres nos ha permitido, por ejemplo, que contemos con expertas pilotos de aviones y helicópteros, además que ocupen altos cargos en las diferentes direcciones de la Institución y ostenten los más altos rangos en la jerarquía. Hacen parte actualmente de todas las especialidades que tiene la Policía e incluso contamos con una sección femenina del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Que sea el momento para hacerles un reconocimiento, es prioritario que sigan haciendo parte de esta gran familia; todos los hombres que portamos el verde oliva nos sentimos inmensamente orgullosos de que en cada momento siempre ponen todo su esfuerzo, dedicación y sacrificio para lograr el cumplimiento de su deber. Por favor continúen siendo ese ejemplo de amor, disciplina y profesionalismo que las caracteriza, para tener cada día más: “comunidades seguras y en paz”.

Publicada en: https://www.cronicadelquindio.com/columnista/337/jimmy-j-bedoya-ramirez?page=51

Seguridad ciudadana

Geneva Declaration en su informe Global Burden of Armed Violence Report, calcula que cada año desde 2007, un promedio de 508.000 personas mueren violentamente en el mundo -tanto en situaciones de conflicto como de no conflicto-. Además cerca de 1.500 millones de personas viven en algún país afectado por la violencia, los conflictos y los altos niveles de criminalidad.

Ningún otro país de la región ha sufrido una violencia tan intensa y persistente en los últimos cien años, como Colombia; la cual ha sido intensificada por la producción y tráfico de alucinógenos, generando problemas sociales e incrementando los índices delincuenciales, especialmente las tasas de homicidio. Por otra parte como propulsores de esta violencia y criminalidad se encuentran: los altos índices de desempleo entre los jóvenes, una creciente desigualdad en los ingresos, deficiencias en el sistema judicial, un desarrollo urbano rápido o mal planificado y la pobreza urbana, igualmente crisis en la gobernanza e instituciones débiles que no han podido hacer frente o prevenir estos problemas.

Por tal motivo, nuestra Policía Nacional de Colombia comprende el concepto de seguridad ciudadana, para establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando todas aquellas amenazas de violencia en el territorio y logrando comunidades seguras y en paz. Ya que es necesario plantear un “contrato social” que impida que nos destruyamos los unos a los otros. Lo contrario a lo expuesto sería una “guerra de todo contra todos” o como lo plantea Hobbes: “la vida humana es solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve”, a esto no le podemos apuntar.

Así, la seguridad ciudadana es la forma principal de la seguridad humana, al considerársele un bien público, lo que conlleva a salvaguardar eficazmente los derechos humanos inherentes a toda la población, primordialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libre locomoción, fortaleciendo la cohesión social y avanzando de manera concreta y realista en la edificación de una nueva sociabilidad.

De esta forma, la seguridad ciudadana no debe ser vista exclusivamente como la responsable en la reducción de los índices de criminalidad, violencia y temor, sino más bien como la encargada de amalgamar unas políticas públicas con un enfoque integral, sostenible, participativo y multidisciplinar. Esto implicará la inclusión de elementos para la mejora de la calidad de vida de la comunidad con un sistema de prevención, convivencia y seguridad ciudadana para la eliminación de los agentes facilitadores del crimen y una administración de justicia accesible, ágil y efectiva, más una educación basada en valores, respeto por el estado de derecho y los derechos humanos.

Entonces se requiere que las autoridades político-administrativas por intermedio de su liderazgo proactivo, logren una cooperación intersectorial entre los distintos organismos, para que se continúen apoyando medidas innovadoras para prevenir el delito y mejorar la seguridad. Las ciudades deben ser el lugar donde se definan las políticas y las prácticas de la seguridad ciudadana.

Publicada en: https://www.cronicadelquindio.com/opinion/opinion/seguridad-ciudadana-1

Los costos del crimen

El crimen y la violencia en América Latina y el Caribe, ALC, está considerado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en niveles epidémicos. Para dar un ejemplo, seis de cada diez robos en la región involucran violencia y tan solo el 10% de los homicidios son esclarecidos e igualmente las cárceles de la región poseen el hacinamiento más alto del globo.

El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en su estudio “Los costos del crimen y de la violencia” plantea entre otros, los siguientes interrogantes: ¿Cuán grandes son los costos del crimen y la violencia en ALC? y ¿Cómo se pueden reducir? Las valoraciones de dichos costos resultan necesarias para reflexionar sobre la magnitud del problema y plantear posibles soluciones.

Las estimaciones de los costos totales revelan que el delito les cuesta en promedio, a los países de ALC, un 3,55% del producto interno bruto, PIB, en algunas naciones, los costos del crimen duplican la media regional (principalmente Centroamérica) y en otras alcanzan a menos de la mitad. Esto representa, para toda la región, un costo de hasta US$261.200 millones anuales.

Estos costos se descomponen de la siguiente forma un 42% corresponde al gasto público (sobre todo en servicios represivos), un 37% a gastos privados, y un 21% a los costos sociales de la delincuencia, principalmente debido a la victimización. El tamaño de los costos relacionados con el crimen en ALC, es similar al que gastan esos países en infraestructura, es decir, contar con más y mejores carreteras, hospitales, escuelas, sistemas de transporte, espacios públicos, también representa el doble del costo promedio en los países desarrollados y es aproximadamente igual a los ingresos de la región que va al 30% de la población más necesitada.

Encontramos que los países que incurren en mayor gasto del PIB relacionado con el crimen son: Honduras (6,51%), El Salvador (6,16%) y Bahamas (4,79%). Mientras que Estados Unidos invierte (2,75%), Francia (1,87%) y Alemania (1,34%) en el combate a la inseguridad. En los casos de México y Brasil el costo de la inseguridad requiere seis veces más recursos, que lo que invierten en sus programas de lucha contra la pobreza.

Debemos entonces apuntalar el tema en las agendas nacionales e internacionales, identificar áreas para mejorar la asignación de recursos públicos y privados, diseñando mejores políticas de prevención del delito y control de la delincuencia. Teniendo en cuenta que el gran problema de inseguridad pública en la región no se resolverá con gastar más, ya que no existe la correlación que la criminalidad reducirá al ser mayor la inversión, sino es necesario saber para qué se gasta y evaluar el impacto logrado. Recordemos, sin transparencia y sin corresponsabilidad de todos los sectores, continuaremos quebrando la piñata con los ojos tapados.

Publicada en: https://www.cronicadelquindio.com/opinion/opinion/los-costos-del-crimen

Catal Hüyük

En miles de años el ser humano antiguo llevó una existencia nómada, dedicándose a la caza, la pesca y la recolección. Las primeras ciudades iniciaron a agruparse en pequeños núcleos alrededor del IV milenio a.C., en Mesopotamia. Desde el neolítico, con el desarrollo de la agricultura y el pastoreo, se constituyeron aldeas más permanentes y aún más pobladas.

Se da entonces inicio a una “revolución urbana”, en donde las ciudades nunca han dejado de crecer y han generado cambios demográficos que transformaron por entero el curso de la historia de la humanidad.

Uno de los más antiguos emplazamientos urbanos conocidos, fue la comunidad agrícola Catal Hüyük, localizada en la actual Turquía, terminando el segundo milenio a.C., quienes construyeron numerosas y sorprendentes viviendas, las cuales presentaban muchos de los rasgos que asociamos con la vida moderna y convirtiéndolos en una comunidad única en el mundo. Este poblado, albergó casi 5.000 habitantes.

Desde el siglo XVII, ciudadanos de Norteamérica, Europa Occidental y América Latina se han trasladado masivamente a las ciudades y sus arrabales. En el siglo XIX, apenas 1 de cada 30 personas vivía en una ciudad. Hoy, tres de cada cuatro lo hacen. Existen en el momento por lo menos 500 ciudades con poblaciones que superan el millón de habitantes, incluyendo 28 megaciudades con 10 millones o más. En 1950, sólo existían 83 ciudades con más de un millón de personas, y tan solo tres megaciudades.

Por lo tanto la seguridad, estabilidad y el desarrollo sostenible del siglo XXI, depende de las grandes ciudades, y especialmente de las medianas que crecen rápidamente. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 7 de las 10 ciudades más peligrosas del globo, están ubicadas en América Latina y el Caribe. San Pedro Sula (Honduras) se encuentra en el segundo lugar, detrás de Aleppo en Siria.

La violencia aumenta a la par con el crecimiento urbano, ya que se requiere una mayor demanda de servicios, de territorio, de aglomeración poblacional, los cuales generan cambios importantes en la dinámica de las ciudades y coinciden con el incremento de las estadísticas de violencia y criminalidad, sumada a otros factores estructurales como: las desigualdades sociales -las comunidades con pocas oportunidades se les dificultará controlar su entorno y contrarrestar la delincuencia-; la desintegración familiar, ausentismo escolar e incremento de niños, niñas y adolescentes en la participación de delitos; y adicionalmente el excesivo consumo de alcohol y sustancias alucinógenas es otro multiplicador relacionado con la delincuencia.

Desde luego, esta situación debe llevar a la implementación de políticas públicas que contribuyan a resolver los problemas estructurales y a atender los factores de riesgo. Pero no se debe hacer solo desde el sector de la seguridad, sino desde los campos de la educación, recreación, cultura, deporte, empleo y hábitat. Para enfrentar no exclusivamente los problemas locales sino también los desafíos internacionales.

Publicada en: https://www.cronicadelquindio.com/opinion/opinion/catal-hyk

Visión 2030

En América Latina y el Caribe (ALC) se cuenta con cerca del 8% de la población mundial y se comete el 37% de los homicidios que se presentan en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ostentamos la distinción de ser la región más violenta del planeta, lo que significa que existe 4 veces más probabilidad de ser asesinado en esta parte del mundo que en el resto del globo.

La OMS (2016) manifiesta que se tiene un promedio anual de 166 mil muertes en ALC, de los cuales tres cuartos de éstos se cometen con arma de fuego. La región presenta una tasa promedio de 28,5 homicidios por 100 mil habitantes, cuatro veces más de la tasa mundial (6,7) y el doble de la tasa de los países en desarrollo de África, quienes poseen la segunda tasa regional de homicidio más alta del globo (10,9), y con un menor aporte: América del Norte (4,4); Europa (2,9) y Asia (2,7).

Entre 2005 y 2012, el homicidio tiene una tasa de crecimiento en la región, de forma anual de tres veces más (3,7%) que la del crecimiento poblacional (1,15%), lo cual ha marcado la historia reciente de la región.

En Colombia, la tasa de homicidio en 2016 se ubicó en 24,6 por 100 mil habitantes, avance significativo, ya que en el inicio de los 90s alcanzó niveles por encima de 80. Las tasas de homicidios más altas en la región, según las estimaciones de la OMS, se registraron en Honduras (103,9) y Venezuela (57,6), quienes se encuentran dentro los 8 países con mayor tasa de homicidios.

En Colombia, aunque se muestra un positivo balance, es desafortunado que se presenten aún víctimas fatales. Es así como la Policía Nacional viene desarrollando su Plan Estratégico Institucional “Comunidades Seguras y en Paz -Visión 2030-” en donde se busca afrontar de manera diferencial y focalizada las necesidades de todos los colombianos, en materia de seguridad y convivencia.

Desplegándolo mediante tres grandes componentes: uno estratégico, que define las acciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos; uno operacional, que implementa un nuevo modelo de servicio policial; y uno de planeación por capacidades, para optimizar los recursos de la Institución. Concibiendo una dimensión del servicio de policía, con perspectiva de largo plazo al proyectar la visión al año 2030; Policía, autoridades y comunidad: hacia el desarrollo sostenible.

Igualmente, estableciendo cuatro horizontes institucionales: 1) la seguridad rural, entendida como la consolidación del servicio de policía en el campo; 2) la seguridad ciudadana y el afianzamiento del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes; 3) la optimización de la investigación criminal en sus componentes de policía judicial y científica; y 4) la dinamización de las instancias de cooperación internacional como AMERIPOL, INTERPOL, CLACIP y EUROPOL. Orientadas las anteriores para cerrar brechas estructurales propias de un país en proceso de construcción de paz.

Publicada en: https://www.cronicadelquindio.com/opinion/opinion/visin-2030

Para vivir en paz (II)

Con el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC) -Ley 1801 de 2016- los policías estarán en la capacidad de liderar y facilitar espacios de entendimiento y diálogo voluntario, buscando un acuerdo sobre los conflictos presentandos: escuchando a las partes, formulando interrogantes, identificando tanto intereses como necesidades de las personas e involucrando su entorno social. Para fortalecer la convivencia ciudadana.

Mediante la mediación, que se podrá utilizar en los siguientes espacios: quienes riñan, inciten o incurran en confrontaciones violentas que deriven en agresiones físicas; lancen objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a sus congéneres; ataquen o amenacen con causar un daño físico a las personas por cualquier medio; y no retiren o reparen, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad. Realizada por los policías durante el procedimiento verbal inmediato, siendo necesario que los intervinientes se encuentren con el deseo de resolver sus desacuerdos armónicamente.

Sin embargo, si una vez definido que es imposible proceder con la mediación, se tomará contacto con los presuntos infractores. El funcionario de policía los abordará en el sitio donde ocurrieron los hechos y les informará que su acción configura un comportamiento contrario a la convivencia; imponiendo una “orden de comparendo nacional y medidas correctivas”, para su correspondiente presentación ante autoridad competente.

La norma contempla cuatro tipos de multas generales: tipo 1, equivale a 4 salarios legales diarios vigentes; tipo 2, equivale a 8 salarios legales diarios vigentes; tipo 3, equivale a 16 salarios legales diarios vigentes; y tipo 4, a 32 salarios diarios mensuales vigentes. Este año, todos los ciudadanos pagaríamos valores que van desde los $98.362 hasta los $786.898.

Para conocimiento de la comunidad en general, a cambio del pago de la multa general tipo 1 y 2, la persona podrá, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, solicitar a la autoridad de policía que se conmute la multa por la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Si el infractor no asiste, se le impondrá multa general tipo 1.

Las multas estan previstas como una medida correctiva para algunas conductas, que busca incentivar en el ciudadano al que se le impone, evitar incurrir nuevamente en los comportamientos contrarios a la convivencia previstos en el CNPC. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante manifestar que se incorporaron a la presente norma, en el art. 183, las consecuencias por el no pago de multas, con la finalidad de coaccionar legalmente la cancelación de éstas de forma oportuna.

Por eso, la Institución les agradece a todos los habitantes de nuestro país la confianza y el respaldo, aprovechamos el momento para invitar a la convivencia armónica, para así seguir construyendo una Colombia segura y en paz.

Publicada en: https://www.cronicadelquindio.com/opinion/opinion/para-vivir-en-paz-ii