El crimen y la violencia en América Latina y el Caribe, ALC, está considerado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en niveles epidémicos. Para dar un ejemplo, seis de cada diez robos en la región involucran violencia y tan solo el 10% de los homicidios son esclarecidos e igualmente las cárceles de la región poseen el hacinamiento más alto del globo.
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en su estudio “Los costos del crimen y de la violencia” plantea entre otros, los siguientes interrogantes: ¿Cuán grandes son los costos del crimen y la violencia en ALC? y ¿Cómo se pueden reducir? Las valoraciones de dichos costos resultan necesarias para reflexionar sobre la magnitud del problema y plantear posibles soluciones.
Las estimaciones de los costos totales revelan que el delito les cuesta en promedio, a los países de ALC, un 3,55% del producto interno bruto, PIB, en algunas naciones, los costos del crimen duplican la media regional (principalmente Centroamérica) y en otras alcanzan a menos de la mitad. Esto representa, para toda la región, un costo de hasta US$261.200 millones anuales.
Estos costos se descomponen de la siguiente forma un 42% corresponde al gasto público (sobre todo en servicios represivos), un 37% a gastos privados, y un 21% a los costos sociales de la delincuencia, principalmente debido a la victimización. El tamaño de los costos relacionados con el crimen en ALC, es similar al que gastan esos países en infraestructura, es decir, contar con más y mejores carreteras, hospitales, escuelas, sistemas de transporte, espacios públicos, también representa el doble del costo promedio en los países desarrollados y es aproximadamente igual a los ingresos de la región que va al 30% de la población más necesitada.
Encontramos que los países que incurren en mayor gasto del PIB relacionado con el crimen son: Honduras (6,51%), El Salvador (6,16%) y Bahamas (4,79%). Mientras que Estados Unidos invierte (2,75%), Francia (1,87%) y Alemania (1,34%) en el combate a la inseguridad. En los casos de México y Brasil el costo de la inseguridad requiere seis veces más recursos, que lo que invierten en sus programas de lucha contra la pobreza.
Debemos entonces apuntalar el tema en las agendas nacionales e internacionales, identificar áreas para mejorar la asignación de recursos públicos y privados, diseñando mejores políticas de prevención del delito y control de la delincuencia. Teniendo en cuenta que el gran problema de inseguridad pública en la región no se resolverá con gastar más, ya que no existe la correlación que la criminalidad reducirá al ser mayor la inversión, sino es necesario saber para qué se gasta y evaluar el impacto logrado. Recordemos, sin transparencia y sin corresponsabilidad de todos los sectores, continuaremos quebrando la piñata con los ojos tapados.
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