¿Son las cárceles colombianas centros de rehabilitación o escuelas del crimen? A tan solo unas semanas del asesinato del director de la cárcel La Modelo en Bogotá, el coronel en retiro Élmer Fernández, tras haber recibido amenazas por sus planteamientos de reforma y control en el centro penitenciario; ahora se presentan intimidaciones en contra de la directora encargada, la mayor Nancy Pérez, para forzarla a ordenar el traslado de unos internos de patio. Este tipo de situaciones nos recuerda acerca de una gran preocupación en Colombia: la crisis carcelaria.
Para enero de 2024, según cifras del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), la población de reclusos era de 101.781. Esto significa un hacinamiento crónico del 25% sobre su capacidad instalada. Dicha condición refleja situaciones subyacentes: la deficiente infraestructura penitenciaria, la falta de recursos financieros, el deteriorado sistema de saneamiento básico, y sumado a esto, la corrupción, y un exacerbado ambiente de violencia, con un limitado acceso a programas de resocialización que son insuficientes para disminuir las tasas de reincidencia.
A lo anterior, se añade la relación del INPEC con sus sindicatos, los cuales son un factor significativo en la crisis. Debido a su resistencia a las reformas estructurales que dificultan la implementación de políticas efectivas y fomentan conflictos internos. De la misma forma, la lucha sindical por mejorar las condiciones laborales, desde luego legítima, ha conducido a frecuentes ceses de actividades y protestas, y esto incrementa la inestabilidad dentro del sistema penitenciario y contribuye a la percepción de desprotección y corrupción institucional. Situación que nos debe generar el siguiente interrogante, ¿es hora de un cambio estructural?
Por lo cual, para transitar hacia un camino de reforma del sistema carcelario, Colombia puede servirse de la referenciación de las buenas prácticas alrededor del mundo en este aspecto. Por ejemplo, Noruega ha formulado uno de los mejores programas de rehabilitación y reinserción social de los prisioneros en el globo; y Finlandia ha implementado una política de penas alternativas como multas, servicio comunitario y libertad condicional. Otra trascendental experiencia es la de Alemania en donde las penas se adaptan al progreso individual de los reclusos, permitiéndoles avanzar hacia una mayor libertad a medida que cumplen los objetivos de resocialización.
Es hora que autoridades y sociedad civil nos sinceremos y nos preguntemos: ¿estamos a la altura para atender los requerimientos de este desafío?
Teniendo en cuenta las experiencias de estos y otros países, Colombia está en mora de plantear posibles soluciones, como declarar el estado de emergencia carcelaria para asignar recursos extraordinarios y abordar la crisis de manera inmediata, proponer una amnistía para delitos menores -hurto simple o posesión de drogas en pequeñas cantidades- en donde los liberados ingresen a programas de educación, capacitación laboral, terapia y reinserción social para conducirlos hacia su regreso a la sociedad.
Por supuesto, aún queda el problema con los internos que deben pagar condenas por delitos mayores, y para esto es necesario planear una inversión masiva en infraestructura carcelaria que contemple la construcción de nuevas prisiones que cumplan con estándares internacionales, así como, modernizar y ampliar las instalaciones existentes para dignificar las condiciones de vida de los reclusos, una parte esencial para fomentar la reinserción social. Al igual, robustecer el sistema de justicia al aumentar el número de jueces y fiscales, y mejorar la capacitación del personal judicial en la priorización de procesos para reducir la congestión y garantizar juicios justos y oportunos.
Esencialmente, se requiere la modernización del INPEC y la atención y protección a sus funcionarios para que hechos fatídicos como el ocurrido no se vuelvan a presentar. Así, en lugar de pensar en privatizar el sistema carcelario se podría considerar un modelo mixto en el que el Estado mantenga el control y la supervisión general, mientras que las empresas privadas se encarguen de la gestión de algunas prisiones o de servicios específicos, como la alimentación, la salud o la resocialización.
Es fundamental destacar que estas medidas deben ir acompañadas de un fuerte compromiso del gobierno con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los DDHH de todos los reclusos, y un fomento en la participación ciudadana para que la comunidad se involucre en la gestión de las prisiones. Parafraseando a Nelson Mandela: nadie conoce realmente a una nación hasta que ha estado dentro de sus cárceles. Una nación no debe ser juzgada por cómo trata a sus ciudadanos con mejores posiciones, sino a sus ciudadanos que tienen poco o nada. Es hora que autoridades y sociedad civil nos sinceremos y nos preguntemos: ¿estamos a la altura para atender los requerimientos de este desafío?
Publicada en: https://www.kienyke.com/columnista/jimmy-bedoya