Durante 30 años serví como oficial de nuestra Policía Nacional. Recorrí territorios donde el Estado tenía una presencia precaria, enfrenté estructuras criminales que ejercían control social y económico, y observé cómo la autoridad se debilitaba cuando las decisiones políticas se desconectaban de la realidad operativa. Esa experiencia me dejó una convicción firme: en Colombia, cuando el Estado pierde control territorial efectivo, quienes ganan son las economías criminales. Por eso no voto por la izquierda.
No voto por la izquierda porque lo que está en juego no es un simple programa de gobierno, sino un modelo de Estado. El proyecto que busca consolidar la izquierda hacia 2030 no se limita a continuar reformas sociales; plantea un rediseño estructural que amplía la intervención estatal en la economía, reduce el papel del sector empresarial en áreas estratégicas y concentra en lo público la administración de sistemas complejos como salud y pensiones sin que exista todavía una arquitectura técnica y financiera plenamente garantizada. A ello se suma una política de seguridad que prioriza negociaciones simultáneas con múltiples actores armados mientras el control territorial sigue siendo frágil.
Hablar de derechos e inclusión no es monopolio de ninguna corriente política. Cualquier gobierno responsable debe hacerlo. No voto por la izquierda porque ese modelo exige una capacidad estatal que Colombia aún no ha construido y la izquierda demostró no tener ese liderazgo de ejecución. No somos un país con instituciones sólidas en todo el territorio; somos un Estado que todavía disputa poder real con economías ilícitas multimillonarias y con organizaciones armadas que imponen reglas locales. En ese contexto, reducir la presión operativa mientras se desarrollan mesas de diálogo inocuas envía un mensaje de debilidad estatal. En el terreno suele traducirse en expansión criminal, control social armado y captura de rentas ilegales.
En consecuencia, la “Gran Consulta por Colombia” es hoy la oportunidad para respaldar ese camino y construir una opción que consolide el Estado antes de que la izquierda institucionalice un modelo estructuralmente inviable.
Lo vi durante años: cuando la autoridad disminuye su presencia efectiva y deja de ejercer control firme, los grupos criminales no retroceden; se reorganizan y se fortalecen. No voto por la izquierda porque en Colombia la seguridad no es un complemento del modelo social, es su condición básica de viabilidad.
En materia económica el riesgo es similar. El discurso de transformación productiva y ampliación del gasto estructural se apoya en una transición que todavía no cuenta con un sustituto fiscal robusto. Reducir aceleradamente la dependencia extractiva mientras se asumen mayores obligaciones permanentes en pensiones, salud y formalización laboral genera tensiones fiscales profundas. Un Estado que amplía compromisos sin garantizar ingresos estables compromete su credibilidad y termina afectando la estabilidad que requiere el crecimiento.
También inquieta la tendencia a presentar cualquier resistencia institucional, empresarial o política como un obstáculo moral. Gobernar no es confrontar para neutralizar la crítica; es administrar con responsabilidad técnica, jurídica y ética. Cuando el discurso público se instala en la polarización permanente, la gobernabilidad se debilita y la inversión se retrae.
Colombia necesita reformas, sin duda. Pero primero debe consolidar su capacidad de control territorial, su eficiencia administrativa y su sostenibilidad fiscal. No voto por la izquierda porque ampliar estructuralmente las funciones del Estado sin haber consolidado previamente sus capacidades básicas implica asumir riesgos sistémicos en un país que aún no ejerce autoridad plena en todo su territorio.
Después de tres décadas sirviendo al país desde la seguridad pública, entendí que las buenas intenciones no sustituyen la capacidad real. No voto por la izquierda porque considero que el modelo que propone profundizar hoy es estructuralmente riesgoso para un Estado que aún no termina de afirmarse en su propio territorio. Colombia necesita una alternativa que combine firmeza institucional, responsabilidad fiscal y liderazgo democrático con carácter. En consecuencia, la “Gran Consulta por Colombia” es hoy la oportunidad para respaldar ese camino y construir una opción que consolide el Estado antes de que la izquierda institucionalice un modelo estructuralmente inviable.
