Un millar de alcaldes y 32 gobernadores se han posesionado en este Año Nuevo, para el periodo 2020-2023. En medio de emotivas ceremonias alrededor de nuestra geografía, algunos asistieron a eucaristías religiosas, otros hicieron recorridos a pie o en bicicleta por sus ciudades. En sus discursos, los mandatarios han hecho énfasis en los problemas que van a contrarrestar durante su gestión en estos cuatro años de mandato. La gran mayoría han llamado a la unión ciudadana, lo que es un avance para la convivencia pacífica.
Lo primero que deben realizar las autoridades locales al posesionarse, es incorporar en el Plan de Desarrollo Departamental o Municipal líneas de acción con indicadores medibles, por medio de las cuales atiendan las problemáticas de violencia, delincuencia, inseguridad y criminalidad que se presentan en su territorio.
Es vital, como primeras autoridades de policía, propendan en sinergia un trabajo coordinado, integral y corresponsable con todas las entidades del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos. Empleando las competencias, funciones, herramientas e instrumentos vigentes que invita a las administraciones departamentales y municipales a poseer una estrategia de seguridad ciudadana.
Es fundamental que los gobernadores y alcaldes, aprendan de las lecciones exitosas en relación con los temas asociados con la seguridad ciudadana, hay múltiples ejemplos en ciudades de Colombia y América Latina, en donde se han implementado procesos de gestión territorial de la seguridad, los cuales han disminuido los indicadores de violencia y criminalidad.
El derecho a la seguridad es y debe ser atendido como fuente de Derechos Humanos, el cual permite dar garantía de cumplimiento a otros derechos
Igualmente, como responsables del manejo del orden público y la gestión territorial no pueden delegar este liderazgo, debiendo priorizar estos conceptos en su agenda pública. Así, como dar cumplimiento a los lineamientos del Gobierno Nacional en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Al igual, de forma periódica deberán rendir cuentas de los resultados de impacto en la convivencia pacífica de su comunidad.
Mandatarios, cuenten con su Policía Nacional mediante la asesoría técnica en materia de gestión territorial, para fortalecer la gobernabilidad local y responder efectivamente a todas las variables de inseguridad, en la formulación y construcción del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, como política pública de seguridad local, la cual determinará el horizonte estratégico de sus administraciones en esta materia.
Planes a los cuales se les debe invertir los recursos necesarios para implementarlos y además fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad pública. Recordemos, el derecho a la seguridad es y debe ser atendido como fuente de Derechos Humanos, el cual permite dar garantía de cumplimiento a otros derechos.