La Constitución Política de Colombia garantiza al pueblo la libertad de reunirse y manifestarse de manera pública y pacífica. Es una herramienta legítima para que la ciudadanía solicite la reivindicación de cualquier derecho que considere le ha sido vulnerado.
Durante el presente año, han existido diversos capítulos de manifestación social que han llamado la atención de la comunidad en general, en donde se han presentado delitos como la perturbación en el servicio del transporte público, colectivo u oficial, obstrucción a vías públicas, desmanes a bienes privados y públicos y asonadas, lo que cuestiona si es el modo correcto para la defensa de los derechos ciudadanos.
La semana que termina presentó una movilización social a nivel nacional convocada desde varios sectores del país. El gobierno nacional por intermedio de las diferentes instituciones del sector defensa, no ha escatimado esfuerzos para proteger y garantizar que la comunidad exprese sus requerimientos al Estado.
Pero, en medio de estas jornadas de protesta pacífica en donde la comunidad se pudo manifestar libremente, varios vándalos hicieron su aparición generando disturbios en distintas ciudades del país, obligando a decretar un toque de queda en Cali y en Bogotá. Además, se registraron multimillonarios daños a la infraestructura de estas ciudades y un sinnúmero de uniformados de la Policía con graves lesiones.
Nunca más el disenso debe confrontar a la sociedad y la violencia no debe ser parte de este derecho
La Policía Nacional de todos los colombianos, en cuanto a la protesta social solo se encuentra dando cumplimiento a disposiciones de carácter administrativo para garantizar su tranquilidad. La Policía excepcionalmente, procede a usar la fuerza cuando exista un objetivo legítimo para contrarrestar conductas que pongan en peligro el orden y la seguridad pública de las personas, para garantizar la movilización ciudadana en nuestro país. Los hombres y mujeres policías trabajan incansablemente para mantener el orden público.
La protesta social en Colombia no está y no debe criminalizarse, pero en el desarrollo de esta, se hace necesario judicializar conductas relacionadas directamente con la extralimitación y el abuso de este derecho.
La Policía reconoce el valor de la protesta pacífica, pero existen unos pocos que ven en el derecho a la misma una opción de agitación basada en mentiras. Como colombianos, no debemos irnos al extremo en cada discusión, no nos debe costar aceptar que el mundo no está en grises y que en el medio hay muchos colores.
Nunca más el disenso debe confrontar a la sociedad y la violencia no debe ser parte de este derecho, es imprescindible empoderar a la sociedad civil para la democracia y para ello manifestarse es necesario. Aún así, vivir en un Estado Social de Derecho implica que como ciudadanos también debemos respetar la Ley.
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