A raíz de un marcado proceso de metropolización que se está presentando desde las tres últimas décadas en América Latina y el Caribe (ALC), la violencia urbana se ha convertido en uno de los principales indicadores del nivel general de seguridad en sus diferentes países. Hoy es de resaltar la situación en Colombia, la cual se presenta como una lección aprendida a nivel regional, pues gracias a profundos esfuerzos se ha logrado reducir los homicidios en sus grandes ciudades.
Las ciudades más violentas, presentan varios fenómenos que las conducen a este destino, desde la desesperanza que genera frustraciones e ira, a la falta de cohesión social y las malas relaciones dentro de la comunidad, pasando por la concentración de riqueza en ciertas zonas en detrimento de otras y la exclusión de los ciudadanos de los mercados laborales. Las injustas reglas del juego en el tablero de la vida citadina, que benefician a unos y desfavorecen a otros, son un gran causante de la violencia urbana.
Recientes estadísticas de seguridad dan cuenta que cerca del 86% de las ciudades más violentas del mundo están en ALC, según cálculos en poblaciones con más de 300 mil habitantes. En contraste, al examinar los patrones de violencia en las metrópolis más grandes de Colombia se puede observar que el país redujo su tasa de homicidios a solo un tercio de los niveles que tenía hace 25 años.
Después de terminar un conflicto de 54 años, en 2017 se obtuvo la tasa de homicidios más baja en cuatro décadas, sin embargo es imperativo continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana para lograr una paz estable y duradera. Por lo anterior y con la necesidad y el compromiso para seguir con esta tendencia a la baja, el 6 de marzo de 2018 se firma el “Pacto Nacional por la Vida”, que significa la apuesta y el esfuerzo del gobierno nacional, para frenar el homicidio en Colombia y en general reducir la violencia. Mediante medidas de intervención en coordinación con autoridades locales y organismos de investigación, así como campanas que involucren a la ciudadanía para fomentar la tolerancia.
La estrategia para llevar a la práctica este pacto contempla cuatro componentes para articular los esfuerzos del Estado: formación de equipos élite para la investigación de homicidios; fortalecer la coordinación interinstitucional para enfrentar el homicidio en todo el país con una priorización de 19 municipios; generar una cultura por la vida, que busca una sociedad menos violenta y con mayores oportunidades; y generar en la ciudadanía un compromiso para elevar la denuncia del delito y promover una cultura de respeto y seguridad ciudadana. Así este Pacto Nacional servirá para reivindicar el respeto, reducir el delito y sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor superior, la vida.
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