Por tercer año consecutivo, Colombia inicia el año sin una estrategia definida para la lucha contra los cultivos ilícitos. La erradicación forzada ha sido suspendida sin una alternativa clara y el gobierno apuesta por un modelo de sustitución voluntaria que, aunque busca involucrar a las comunidades, carece de garantías ante la presión del crimen organizado. Esta estrategia errática no comprende que el narcotráfico no es solo un problema criminal, sino un fenómeno económico transnacional que el Estado enfrenta con tácticas fallidas. No basta con medidas represivas aisladas ni con promesas de desarrollo rural que no llegan a materializarse. Mientras el gobierno sigue apostando por enfoques insuficientes, las redes del narcotráfico se fortalecen y adaptan con la eficiencia de una corporación global.
El narcotráfico en Colombia se gestiona con la eficiencia de un consorcio mundial. Así lo demuestra Tom Wainwright en su libro “Narconomics”, donde expone cómo las redes delictivas funcionan como grandes multinacionales, con estrategias de diversificación, control de costos y expansión de franquicias. Al igual que Walmart u otra multinacional de tiendas de descuento, las cuales mantienen precios bajos mediante cadenas logísticas optimizadas, las organizaciones criminales garantizan la estabilidad del negocio a pesar de la erradicación de cultivos, al sustituirse las zonas de producción y ajustarse su distribución. La erradicación forzada, lejos de acabar con el problema, genera escasez temporal que eleva los precios y hace el negocio aún más lucrativo. En otras palabras, la estrategia tradicional no solo fracasa, sino que alimenta el mismo sistema que busca destruir.
Mientras tanto, la apuesta por la sustitución de cultivos en el Catatumbo avanza con incertidumbre. Si bien un modelo de desarrollo rural es esencial, la implementación actual presenta fallas estructurales. Primero, la falta de alternativas económicas reales mantiene a los campesinos en la encrucijada entre el Estado y las redes de narcotráfico. Segundo, la ausencia de seguridad para los líderes de sustitución permite que grupos armados impongan su control, y tercero, la lentitud del proceso ha desgastado la confianza en el gobierno. Es decir, sin garantías de estabilidad económica ni protección la sustitución se convierte en una ilusión que se diluye ante la cruda realidad del territorio.
Pero el problema trasciende lo local. La seguridad interméstica, concepto que conecta la seguridad interna con las dinámicas del crimen transnacional, nos muestra que esta inacción tiene consecuencias globales. La cocaína colombiana sigue abasteciendo mercados en EE.UU., Europa y Asia, financiando redes de tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción. Mientras tanto, los carteles mexicanos, europeos y asiáticos siguen fortaleciendo su papel en la cadena de distribución, y se demuestra que el narcotráfico no es un problema de un solo país, sino de una red interconectada que aprovecha cada vacío estratégico del Estado.
Cada año que pasa sin una estrategia efectiva fortalece aún más a los verdaderos beneficiarios de esta crisis: las estructuras mafiosas y sus mercados globales. La seguridad interméstica exige decisiones audaces, porque el tiempo para corregir el rumbo se está agotando.
Entonces, ¿cuál es la salida? Si seguimos viendo el narcotráfico como un problema criminal en lugar de un problema de mercado, estamos condenados a repetir los mismos errores. La solución no está en erradicar más cultivos ni en criminalizar a los campesinos, sino en cambiar las condiciones económicas que hacen que el narcotráfico sea una opción rentable para miles de personas. Experiencias como el Proyecto Especial CORAH en Perú, que combina erradicación forzosa, interdicción y desarrollo alternativo, han demostrado que una estrategia integral es más efectiva que la represión aislada. En este modelo, la erradicación de cultivos ilícitos va de la mano con el impulso de economías legales sostenibles y el fortalecimiento del control territorial. Colombia podría explorar este ejemplo y dejar de aplicar medidas aisladas que solo desplazan el problema de una región a otra.
Basándonos en estas experiencias, se propone la creación de Centros de Desarrollo Integral (CDI) en regiones afectadas por cultivos ilícitos en Colombia. Estos centros no solo ofrecerían alternativas económicas viables, sino que mejorarían la calidad de vida de las comunidades y fortalecerían el tejido social. Un modelo estructurado bajo cuatro pilares permitiría atacar el problema desde su raíz: unidades productivas, educación, salud e infraestructura. En primer lugar, se fomentaría la producción de cultivos legales como cacao, café y frutas con infraestructuras adecuadas para el procesamiento y comercialización, con la certeza que se le asegure a los campesinos el acceso a mercados nacionales e internacionales. En segundo lugar, la formación técnica y la educación permitirían a los productores desarrollar capacidades empresariales y agroindustriales, y dejar atrás la dependencia de la coca. En tercer lugar, garantizar la presencia de servicios de salud contribuiría a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, y se reduciría la vulnerabilidad social que explotan las células criminales. Finalmente, el desarrollo de vías de comunicación y acceso a tecnología facilitaría la integración de estos territorios a la economía formal.
Si el narcotráfico funciona como una multinacional, ¿por qué seguimos combatiéndolo como un simple problema de seguridad? El verdadero camino es hacer que el negocio deje de ser rentable, quitándole sus fundamentos económicos en lugar de insistir en estrategias punitivas que han demostrado su fracaso. Colombia tiene la oportunidad de cambiar el rumbo, pero para ello necesita abandonar la retórica vacía y aplicar un enfoque basado en economía, inteligencia y desarrollo real. No basta con erradicar cultivos ni con militarizar las regiones productoras, es necesario transformar la estructura económica de estas zonas, fortaleciéndose la presencia del Estado y garantizándose oportunidades reales para sus habitantes.
El gobierno no puede seguir improvisando. Es hora de replantear la estrategia y asumir que la guerra contra las drogas no se gana con solo más erradicación y represión, sino con decisiones pragmáticas. Si queremos una Colombia libre del narcotráfico debemos construir un país donde la coca no sea la única opción. El desafío no es menor, pero la historia ha demostrado que donde hay voluntad política y un plan estructurado, la transformación es posible. Cada año que pasa sin una estrategia efectiva fortalece aún más a los verdaderos beneficiarios de esta crisis: las estructuras mafiosas y sus mercados globales. La seguridad interméstica exige decisiones audaces, porque el tiempo para corregir el rumbo se está agotando.
Publicada en: https://www.kienyke.com/columnista/jimmy-bedoya