Un arma en la cintura genera una sensación de poder en quien la lleva, aunque no lo convierte en invulnerable ante la criminalidad. En sociedades donde la inseguridad se vive más desde la percepción que desde los indicadores, la tentación del porte de armas aparece como un atajo emocional: si el Estado no me cuida, me cuido yo. Esta lógica, si bien comprensible, no resuelve el problema de fondo. Al contrario, lo agrava. Cuando la respuesta ante el miedo es el armamento civil, lo que se dispara no es la seguridad, sino la desconfianza: más armas en manos privadas significan una mayor propensión a la violencia, no más protección.
No se trata de una opinión ideológica, sino de un hecho documentado. Según el informe de Small Arms Survey (2022), los países con altos niveles de tenencia de armas de fuego no son más seguros. En muchos casos, el aumento de armas civiles está vinculado a mayores tasas de homicidio, suicidio y violencia doméstica. A diferencia de lo que algunos promueven, portar un arma no previene el crimen: incrementa el riesgo de que un conflicto escale y termine en tragedia, crea un espejismo de poder, pero suele ser el preludio de una sociedad fragmentada, violenta y menos confiable.
En Colombia, esta discusión resurge cada vez que ocurre un hecho violento de alto impacto. Basta un robo trágico o un caso mediático para que surjan voces pidiendo el derecho al porte personal de armamento, una respuesta visceral: queremos hacer algo, recuperar el control, proteger a los nuestros. Pero esa urgencia, comprensible en lo emocional, suele ser errática en lo estructural. Una sociedad armada origina otra arista al problema de inseguridad, erosiona el equilibrio mental del individuo y lo urge a la justicia por mano propia.
Hay una paradoja evidente que suele obviarse cuando se promueven el porte legal de armas: la mayor parte de los delitos se cometen con armas ilegales. Abrir esta puerta no resuelve estratégicamente la violencia, pero sí añade más riesgos: accidentes domésticos, riñas que terminan en tragedia, niños con acceso a armas mal guardadas, incremento en la letalidad de los conflictos cotidianos. Como han mostrado múltiples estudios, las armas en casa tienden a herir o matar a un conocido, más que a un delincuente.
Al final, lo que da verdadera seguridad no es la sensación de poder, sino la certeza de que no es necesario ejercerlo.
Por otra parte, también da paso a una paranoia colectiva y así transforma al otro en potencial amenaza, al vecino en sospechoso. La comunidad se disuelve bajo la lógica del “sálvese quien pueda”, y con ella se debilitan los fundamentos de una seguridad pública basada en la corresponsabilidad, la prevención y la mediación. ¿Cómo se construye confianza con un arma en la mano?
También es primordial analizar el argumento de que el porte de armas es un derecho individual sin considerarse el impacto colectivo. La libertad de portar un arma termina donde comienza el riesgo para los demás. La seguridad no es una suma de decisiones individuales: es un bien colectivo que se garantiza con instituciones sólidas, con justicia efectiva, con presencia estatal, con educación cívica. Si el Estado delega su responsabilidad en la iniciativa armada de los ciudadanos abdica de su deber y peligra la sociedad civil.
Es vital desarmar este mito. La solución no está en que cada ciudadano sea su propio policía, sino en fortalecer el sistema con una política pública de seguridad centrada en potencializar la Fuerza Pública, y la justicia, en prevenir antes que castigar, en acercar a la ciudadanía y recuperar la legitimidad perdida y dejar de competir con la narrativa del miedo.
Una ciudadanía armada no necesariamente es símbolo de libertad ni de seguridad, a las personas hay que protegerlas, por supuesto, desde su Fuerza Pública entrenada y apoyada por la ciudadanía. Al final, lo que da verdadera seguridad no es la sensación de poder, sino la certeza de que no es necesario ejercerlo.
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