Uno de los temas más graves de la seguridad en Colombia, es uno de los menos discutidos. No ocupa titulares y rara vez aparece como eje de las agendas públicas. Sin embargo, está ocurriendo todos los días, de forma masiva y sostenida, revelando una transformación silenciosa en la ejecución de hechos delictivos.
El porte de armas cortopunzantes y objetos peligrosos se incrementó un 12% frente a 2024. No es una variación marginal, es una tendencia estructural que hoy define la convivencia en Colombia. En 2025 se registraron más de 549 mil casos asociados a esta conducta: más de un tercio de todos los comportamientos contrarios a la convivencia en el país.
Esta decisión no es una simple infracción es el reflejo del miedo, la desconfianza o la disposición al conflicto, y que termina trasladando la seguridad del ámbito público al individual; en ese tránsito, el Estado pierde capacidad de orientar la convivencia y la sociedad comienza a reorganizarse desde la sospecha, así el otro deja de ser un ciudadano confiable y el espacio público se convierte en un escenario de tensión permanente.
Sumado a este fenómeno, las riñas o incitación a la violencia física se evidenció en 127.835 casos, equivalentes al 8,7% del total, mientras que el consumo o presencia de drogas en entornos educativos o deportivos alcanzó 229.565 registros, es decir, el 15,6%. Estas cifras de la Policía Nacional no pueden analizarse de forma aislada: juntas describen una sociedad que se está volviendo más agresiva, más permisiva frente a la ilegalidad cotidiana y más vulnerable en sus espacios sensibles.
No es una variación marginal, es una tendencia estructural que hoy define la convivencia en Colombia
Los datos sobre riñas no son menores. Más de 127 mil eventos evidencian una pérdida progresiva de la capacidad de autorregulación social. A esto se suma la presencia de drogas en entornos donde deberían prevalecer la protección y la formación. Más de 229 mil registros en estos espacios reflejan un problema de control, y una fractura en los límites básicos de convivencia. Lo que emerge más allá de un problema de seguridad, es un deterioro de los códigos que sostienen la vida en común.
Una sociedad que normaliza el porte de armas cortopunzantes, que incrementa sus niveles de confrontación y que tolera la presencia de drogas en espacios formativos, está debilitando sus propios mecanismos de prevención. Está perdiendo la capacidad de resolver conflictos sin violencia y de proteger sus entornos más sensibles, y lo más inquietante es que este proceso avanza sin una discusión proporcional a su gravedad.
Tal vez esto ocurre porque obliga a reconocer una verdad incómoda: el problema no está solo en las estructuras criminales, sino en las dinámicas cotidianas. Es un desafío institucional, y cultural. Por eso requiere respuestas profundas y, sobre todo, valientes. Colombia no solo enfrenta un problema de seguridad. Confronta una transformación en la forma de convivir. Ignorarla es permitir que se consolide.
En este contexto, el debate electoral adquiere una relevancia decisiva. No basta con hablar de seguridad en términos generales, es necesario comprender cómo se está transformando en la vida diaria y qué respuestas concretas se proponen frente a ello.
Entender este fenómeno es el primer paso para corregir el rumbo, y eso implica revisar con lupa cuáles propuestas en la campaña presidencial reconocen la necesidad de recuperar el control territorial, fortalecer la autoridad y reconstruir la confianza ciudadana; y, sobre todo, pasar del populismo a la acción responsable, con tareas diferenciales e indicadores medibles, condición indispensable para revertir tendencias que hoy están erosionando silenciosamente la convivencia.
Publicada en: https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/jimmy-bedoya-el-pais-del-cuchillo-FD35501895
