Colombia inicia un nuevo gobierno con este panorama: el crimen organizado como amenaza armada: cobra, regula, intimida, recluta, comunica y decide en territorios donde el Estado está ausente. Contrarrestar esta situación implica una responsabilidad estatal con cinco prioridades que deben ser gerenciados por el presidente electo Abelardo de la Espriella y respaldadas por las demás autoridades nacionales, territoriales, judiciales, legislativas, policiales, militares y de control, para que acompañen institucionalmente al nuevo gobierno y recuperar la seguridad sin cálculos ni sabotajes burocráticos. Rodear no significa aplaudir todo; significa actuar con sentido de Nación, exigir resultados, coordinar capacidades y comprender que, frente al crimen organizado, la división institucional es una forma de derrota anticipada.
La primera prioridad debe ser un Escudo Jurídico Operacional. Ningún soldado o policía que actúe conforme a la Constitución, los derechos humanos y los protocolos del servicio debería enfrentar solo la incertidumbre judicial, disciplinaria o mediática. La seguridad jurídica no es impunidad; es respaldo legítimo para actuar bien. Colombia necesita un Centro Nacional de Derecho Operacional, Evidencia Digital y Defensa del Uniformado, con asesoría jurídica previa en operaciones complejas, abogados operacionales regionales, defensa técnica inmediata, bodycams con cadena de custodia, georreferenciación de procedimientos y trazabilidad de órdenes. Israel ofrece una lección útil: su División de Derecho Internacional asesora operaciones militares y apoya jurídicamente a mandos en distintos escenarios operacionales. El aprendizaje es contundente: el Estado protege mejor a sus uniformados cuando documenta, acompaña, forma y exige.
La segunda prioridad debe ser Misión Territorio Vivo, integrada a una Operación Raíz contra el narcotráfico y la expansión de cultivos ilícitos. Recuperar territorio no significa entrar con fuerza durante una semana sin atender los vacíos estatales que facilitan la presencia criminal. La alternativa sería crear Zonas de Autoridad Integral en Catatumbo, Cauca, Bajo Cauca, Chocó, Nariño, Arauca y corredores fronterizos, donde la Fuerza Pública abra paso, y el Estado completo se quede: justicia móvil, vías terciarias, conectividad, salud, escuela segura, crédito legal, protección de líderes y economía productiva. La coca debe enfrentarse con inteligencia diferencial: erradicación focalizada en enclaves industriales del narcotráfico, sustitución verificable donde existan economías campesinas vulnerables, interdicción contra laboratorios, precursores y rutas, y transformación productiva con mercados reales. Donde solo llega el armado ilegal, el crimen se esconde y aguarda; donde llegan juez, maestro, médico, internet, carretera y compradores legales, la ilegalidad pierde el oxígeno social.
El reto del nuevo gobierno será gobernar donde el crimen aprendió a mandar
La tercera prioridad debe ser un Comando de Persecución de Rentas Ilegales. Las estrategias de seguridad requieren atacar la cadena completa ilegal desde el sicario hasta el contador, el lavador, el testaferro, el operador logístico y el corrupto que protege la renta ilegal. El narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, el contrabando y el lavado están relacionados como sistema económico clandestino. UIAF, Fiscalía, DIAN, Policía, Fuerzas Militares, Superfinanciera y cooperación internacional deben trabajar sobre una sola arquitectura de inteligencia financiera. El éxito en seguridad implica capturas, rentas destruidas, activos recuperados y negocios criminales inviables.
La cuarta prioridad debe ser proponer un Domo Soberano. El crimen ya usa drones, comunicaciones cifradas, vigilancia social, rutas flexibles y tecnología barata con efectos estratégicos. El Estado no puede responder con reflejos analógicos. Se requiere un sistema nacional de dominio aéreo bajo, protección de infraestructura crítica y Centros C5 regionales (Centros de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación) capaces de integrar vigilancia satelital, sensores fluviales, drones, antidrones, ciberdefensa e inteligencia en tiempo real. La superioridad del Estado radica en fortalecer la tecnología y adaptarse más rápido que el adversario.
La quinta prioridad debe ser una Red Urbana de Protección Ciudadana, con un modelo de actuación policial guiada por inteligencia, ILP (Intelligence-Led Policing). La idea es pasar de una policía principalmente reactiva a una policía estratégica, capaz de recolectar, evaluar y analizar información para decidir mejor. Colombia debería crear un Sistema Nacional de Policía Anticipativa, en el que las ciudades priorizadas cuenten con patrullas apoyadas por analistas, investigadores, planeadores tácticos y equipos de prevención. No se trata de llenar las calles de uniformados sin dirección estratégica, sino de desplegar policías con inteligencia, objetivos claros y capacidad de anticipar el crimen. Automatizar denuncias, mapas de calor, reincidencias, llamadas, cámaras, patrones de extorsión, tareas administrativas y alertas tempranas permitiría liberar capital humano para prevenir, investigar, proteger y actuar con mayor precisión. El éxito de la Policía del siglo XXI no se mide solo por llegar rápido después del delito, sino por su capacidad de anticiparlo.
Colombia necesita autoridad inteligente: firme sin ser arbitraria, tecnológica sin ser fría, operativa sin ser ciega, jurídica sin ser temerosa y humana sin ser ingenua. El reto del nuevo gobierno será gobernar donde el crimen aprendió a mandar. El reto de la ciudadanía será exigir seguridad sin renunciar a la democracia, una nación se recupera cuando la ley vuelve a sentirse cercana, justa y respetada.
